Sindicatos de enseñanza concertada exigen a la Consejería de Educación igualdad con la pública en jubilación parcial y reducción de carga lectiva

Los sindicatos UGT, CCOO, USO y FSIE, representantes de la enseñanza concertada en Castilla-La Mancha, han exigido este 25 de marzo de 2025 una reunión urgente con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para abordar la “jubilación parcial justa” y la reducción de la carga lectiva de los docentes, medidas que consideran “un derecho adquirido” y que ya están vigentes en la educación pública. La petición llega tras el fracaso de la negociación el pasado 12 de marzo, cuando el Gobierno regional alegó “falta de partida presupuestaria” para financiar estas mejoras, previstas para entrar en vigor el 1 de abril.

Desigualdad y falta de compromiso

Los sindicatos, que agrupan al 100% de los trabajadores del sector concertado, denuncian que la Consejería ha pospuesto cualquier diálogo hasta mayo, limitándose a “estudiar propuestas” sin comprometer recursos. “Es inaceptable que se niegue a los docentes concertados lo que ya tienen los públicos. Exigimos un trato igualitario”, han afirmado en un comunicado conjunto, advirtiendo de concentraciones reivindicativas si no hay avances inmediatos.

Reclamos clave y movilizaciones

Las demandas se centran en tres ejes prioritarios: la financiación para la jubilación parcial –que permita reducir jornadas sin mermar salarios–, una inversión que garantice la disminución de horas lectivas –equiparando condiciones a las de la red pública– y el reconocimiento explícito de la labor esencial del sector concertado, que atiende a miles de estudiantes en la región. “La Consejería debe poner en valor nuestro trabajo, no ignorarlo. No descartamos ninguna acción para lograrlo”, han subrayado, criticando que la administración “prolonga el conflicto en lugar de resolverlo”.

Contexto y próximos pasos

El anuncio de movilizaciones surge en un contexto de tensión creciente entre el sector y el Gobierno regional, que en 2024 destinó 120 millones de euros a conciertos educativos, pero sin incluir partidas específicas para mejoras laborales. Los sindicatos insisten en que la estabilidad del sistema educativo depende de equiparar condiciones entre redes, evitando la “fuga de talento” hacia otras comunidades.