El Gobierno de Castilla-La Mancha ha asegurado que la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica presentada por el Ministerio de Hacienda "condena a la región a obtener una financiación que está por debajo de la media del conjunto de las comunidades autónomas". Así lo ha indicado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha añadido que "si ya habíamos sido condenadas por el anterior modelo, con la información de la que disponemos en este momento, la región seguiría financiada por debajo de la media".
Ruiz Molina ha subrayado que este es un modelo de financiación "acordado únicamente con los independentistas catalanes", quienes han tenido la oportunidad de negociar directamente con el Ministerio de Hacienda el diseño de esta propuesta, "poniendo sobre la mesa los intereses particulares de la comunidad autónoma de Cataluña". El consejero ha señalado que si el modelo se ha negociado con una sola comunidad autónoma, "no va a responder al interés general, sino que satisface los intereses de esa región".
Críticas al principio de ordinalidad
El titular de Hacienda ha explicado que este modelo se trata más de "una metodología de como trocear la riqueza nacional entre todos los territorios", que un modelo que "tienda a sufragar los costes reales que nos supone a las comunidades autónomas prestar los servicios de nuestra competencia". Ruiz Molina ha calificado el modelo como "regresivo" porque "consagra el principio de ordinalidad que defendía Cataluña", lo que significa que "aquellas comunidades autónomas con mayor capacidad tributaria tienen derecho a más recursos y por tanto prestar los servicios en mejores condiciones que las demás".
El consejero ha señalado que el modelo, tal y como se ha diseñado, supone "una reducción de la solidaridad interregional y que se otorga más financiación a aquellos territorios con una renta per cápita mayor". Además, ha dicho que es un modelo "incompatible con el principio de igualdad" que debería tratar de que "todas las comunidades autónomas podamos prestar, en condiciones de igualdad, los servicios públicos de nuestra competencia, que son además los servicios fundamentales", con independencia de "la capacidad económica de los ciudadanos o de la capacidad económica del territorio en el que se resida".
Falta de información oficial
Ruiz Molina ha explicado que la valoración realizada desde el Ejecutivo autonómico se basa en la información disponible hasta el momento, fundamentalmente de los dosieres de prensa difundidos y la intervención pública de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, ante la ausencia de datos detallados y oficiales por parte del Ministerio. El consejero ha recordado que si el modelo se hubiera negociado únicamente con Castilla-La Mancha, desde la región se "pondrían sobre la mesa todas las propuestas y demandas que durante este tiempo se han ido trasladado al Ministerio".
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