Unión de Uniones, ante la posible penalización que la Comisión Europea realizará sobre España por no haber cumplido los objetivos del déficit, rechaza categóricamente que ésta haya de ser asumida por el sector agrario y el medio rural.
Unión de Uniones ha tenido acceso al documento remitido por la Comisión al Parlamento en el que se identificaban una lista de programas que Europa podría suspender como castigo por incumplimiento del déficit. El total de la financiación europea de los programas que la Comisión anuncia que podrían ser objeto de suspensión se elevaría a 28.223 millones de euros, de los cuales 5.223 millones corresponden programas para el sector agrario y al medio rural.
El pasado 12 de julio el Consejo de Europa determinó que ni Portugal, ni España, habían adoptado acciones eficaces para corregir sus excesivos déficits y, por lo tanto, según informa la Comisión al Parlamento, se dan las condiciones para suspender los fondos, al tiempo que anuncia que pronto presentará una propuesta sobre el alcance de la congelación.
La Comisión se basa en los mecanismos de precaución adoptados en el Marco Financiero Plurianual 2014-2020 para evitar que los efectos perseguidos por los instrumentos de financiación de la UE sean puestos en peligro por la aplicación en algún Estado miembro de políticas sociales y económicas erróneas.
Entre el listado de programas que podrían verse afectados se encuentran dos de Castilla-La Mancha: el Programa de Desarrollo Rural, que dispone de una participación financiera del Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEADER) de 1.147 millones de euros para acometer mejoras estructurales en el sector agrario y el medio rural; y el Programa Operativo FEDER, que la UE financia a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional con 536 millones de euros para invertir en crecimiento inteligente y sostenible. Ambos programas se ejecutan en el período 2014-2020.
Unión de Uniones se ha puesto en contacto con la Ministra de Agricultura y ha trasladado también su preocupación al Consejero de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ya que de estos programas dependen gran parte de las políticas de desarrollo y dinamización del sector agrario como la incorporación de los jóvenes, la agricultura ecológica las mejoras de las condiciones de comercialización agroalimentaria, la gestión sostenible de regadíos o la diversificación económica en el medio rural.
La organización rechaza enérgicamente, incluso, la posibilidad de esta penalización, que pone en riesgo las medidas estructurales que ya están puestas en marcha en base a programas y cuadros financieros aprobados previamente por la Comisión. Unión de Uniones subraya que los agricultores y ganaderos ya han emprendido inversiones o han asumido compromisos, en algún caso a cinco años; en base a los programas y a la financiación que ahora se cuestiona, y su suspensión les ocasionaría graves perjuicios.
“No se puede castigar de esta situación a quienes no tienen responsabilidad directa y sólo intentan mejorar la vida de sus pueblos y progresar” – concluye la organización.
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