La política educativa en España como fundamento económico y social

En un contexto de debate político previo a unas elecciones generales resulta relevante pensar en alto sobre los pilares que sustentan el Estado de bienestar en un país desarrollado y uno de los más importantes, sin duda, es la política educativa como fundamento económico y social.

En España, como en el resto de los países de nuestro entorno, el gasto educativo procede principalmente del presupuesto público. La intervención pública se refleja en el crecimiento del gasto público experimentado desde 1995. Sin embargo, este crecimiento ha sido inferior al crecimiento experimentado por el PIB y por el conjunto de países de la OCDE. Mientras que en España hemos pasado del 4,6% al 4,8% en el período 1995-2011; en promedio de la OCDE, se ha pasado del 5,2% al 5,7%. Por su parte, en España, el 68% de los alumnos de primaria estaban en la enseñanza pública, el 28% en la concertada y sólo en 4% en la privada, lejos de los países más desarrollados en política educativa que ronda, en esta etapa educativa, el 92% de nivel público no concertado.La relevancia cuantitativa y cualitativa de la intervención pública en materia educativa está justificada desde un triple nivel:

• La importancia que tiene la educación sobre la economía ya que permite mejorar el nivel de capital humano y la productividad, lo que supone un aumento de la competitividad internacional de la economía, la cohesión social y un desarrollo económico sostenible a largo plazo.
• La educación supone, desde el punto de vista social, un aumento de la libertad individual, la tolerancia, la igualdad de oportunidades, la cohesión y conciencia social, la salud y la satisfacción individual y social.
• La provisión pública de educación se sustenta también en la existencia de fallos de mercado en términos de eficiencia y equidad:
  
  • Desde el punto de vista de la eficiencia, el mercado no es capaz de proveer cantidades o tipos de educación óptimos para la sociedad, debido a la existencia de externalidades, mercados incompletos e información imperfecta.
  • En cuanto a las externalidades, la educación produce efectos positivos ya que incrementa el beneficio marginal social sobre una provisión estrictamente privada al aumentar la cohesión social y contribuir a la reducción de la marginalidad
  • Respecto a la existencia de mercados incompletos, la existencia de una demanda de servicios educativos para determinadas cohortes de alumnos con necesidades especiales de escasa demanda (discapacitados o de apoyo especial) o alto coste de provisión, puede provocar una oferta subóptima al ser inasumibles por el sector privado.
  • Respecto a la existencia de información imperfecta, la ausencia de motivación o desinformación por parte de las personas que tienen la decisión y responsabilidad de la escolarización, es decir fundamentalmente los padres, puede provocar una incapacidad para refrendar los intereses de sus hijos o valorar correctamente la importancia de la educación.
  • La equidad es otro de los fundamentos esgrimidos para justificar la intervención pública en educación. Este concepto puede enfocarse desde diferentes perspectivas: equidad categórica, igualdad de oportunidades, equidad vertical y equidad horizontal.
  •  La equidad categórica se concreta en la obligatoriedad de cursar un nivel mínimo de estudios, mientras que la igualdad de oportunidades educativa se refiere al derecho de toda la población a la educación, sin discriminación en función de la situación económica y social.
  • A su vez, la equidad vertical se refiere al tratamiento distinto que deben recibir los individuos que tienen diferente capacidad económica, potenciando las políticas de gasto educativo sobre  aquellos colectivos que tienen  menor capacidad económica con el fin de incorporar elementos de progresividad  y redistribución en el gasto público finalista. Por su parte, la equidad horizontal hace referencia al principio de no discriminación que implica que los individuos con atributos económicos y sociales similares deben ser tratados de forma similar por una política educativa bien enfocada y perfilada.

Pues bien, La falta de equidad territorial en España, en materia de Gasto Público en relación al PIB por Comunidades Autónomas, está afectando a la igualdad de oportunidades educativas entre regiones y aumenta los problemas de retraso escolar, abandono escolar temprano y fracaso escolar, en definitiva. Los datos señalan que el porcentaje de alumnos que completan la educación primaria a la edad teórica de 12 años se ha reducido en 4 puntos porcentuales (88% al 84% entre 2000 y 2012).La eficacia educativa también se ve afectada por la creciente segregación escolar manifestada en los últimos años como consecuencia de la generalización del fenómeno de la inmigración lo que alimenta la concentración de grupos socialmente homogéneos en determinados centros educativos (concertados y privados), aparcando en los centros públicos la mayor parte del alumnado inmigrante cuyo entorno es el más afectado por situaciones sociales de cuasimarginalidad que afecta al rendimiento educativo de los alumnos.

En este contexto, la LOMCE ha tratado de buscar soluciones al fracaso escolar  a partir de una serie de acciones que se concretan en el aumento de la autonomía de los centros, las evaluaciones externas de fin de etapa, la flexibilización de las trayectorias académicas y la racionalización de la oferta educativa, aunque sigue contemplando la repetición de curso para aquellos alumnos que no alcancen los objetivos planteados, en vez de recurrir a apoyos personalizados y de seguimiento individual del alumno rezagado, como ocurre en los países más exitosos en materia educativa.

Desde el punto de vista eficiencia y eficacia  global  en el diseño de las políticas educativas, y para la enseñanza primaria, recientes estudios desarrollados para la Comunidad de Madrid [1]ponen de manifiesto que un conjunto de variables de ámbito individual y escolar, entre las que se destacan, la renta  per cápita del entorno, las capacidades y necesidades educativas de los alumnos, el género del alumnado,  el tamaño del centro y la ratio profesor/alumno son, las que interactuando de forma conjunta, ejercen una influencia en el resultado escolar, y en el aprovechamiento de los recursos educativos puestos a disposición de la comunidad educativa.

El diagnóstico de la situación de la educación a todos los niveles en España está hecho y, en cierta manera, consensuado por los agentes que interactúan en el fenómeno educativo. Sin embargo, la utilización de este ámbito como campo de batalla  partidaria ha dificultado perfilar un mínimo común denominador, exigente y aceptable por todas las fuerzas políticas, en la definición del modelo educativo español que permitiese proyectar un sistema de Escuela a medio y largo plazo como política de Estado dotando de estabilidad y seguridad los agentes actuarios.