El Gobierno regional va a revisar las tasas públicas que pagan dependientes y discapacitados para "corregir una situación injusta" con los colectivos "más vulnerables", y está agilizando los expedientes de dependencia, ya que hay unos 30.000 entre listas de espera y solicitudes.
Así lo ha destacado hoy la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, en un receso del encuentro con el presidente y el gerente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de Castilla-La Mancha, Luis Perales Ramírez y José Antonio Romero, al que también ha acudido el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando.
Aurelia Sánchez ha indicado que uno de los aspectos abordados en la reunión ha sido la ley de tasas públicas de 2012 -que fue revisada en enero de este año- en lo que afecta a personas con discapacidad y dependencia.
En concreto, se ha referido a los tributos establecidos sobre las revisiones del grado de dependencia, el programa de atención individual, el grado de discapacidad y el desplazamiento al domicilio para evaluar el grado, entre otros.
"Decir que se bajan los impuestos y subir las tasas a las personas que más lo necesitan se califica por sí mismo", ha criticado la consejera respecto a estas tasas puestas en marcha la pasada legislatura.
Ha indicado que se trata de tasas que afectan a "colectivos vulnerables y muy sensibles" y ha dicho que la "tendencia" sería revisarlas a la baja aunque de momento únicamente las están revisando para valorar el impacto presupuestario que tienen.
"La ley de tasas tuvo origen, por una parte recaudatorio, y por otro disuasorio de las revisiones de dependencia y discapacidad. Pero a lo largo de estos tres años ni en uno ni otro sentido la respuesta ha sido significativa", ha avanzado la consejera.
En este sentido, Perales ha argumentado que el Cermi pidió al anterior consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, en enero que les dijera cuanto habían supuestos estas tasas en el conjunto del presupuesto regional.
"Para saber si resolvía la situación de crisis o no era suponía casi nada", ha concretado Perales, quien ha recordado que ya en octubre de 2012 el Cermi planteó que no estaba de acuerdo con el proyecto de ley de tasas públicas que afectaban a estos colectivos.
En cuanto a los dependientes, la consejera de Bienestar Social ha indicado que es una "prioridad" para el Gobierno regional y ha admitido que hay una "importante" lista de espera una vez que el pasado mes de julio se han incorporado los beneficiarios moderados.
Según los datos que ha aportado, en este momento hay unos 30.000 expedientes de dependencia entre listas de espera y solicitudes relacionadas con la tramitación, en cuya agilización trabaja un grupo de funcionarios.
Por otra parte, los responsables del Cermi han abordado con la consejera el tema económico, para intentar que haya una "estabilidad presupuestaria" y que las asociaciones que trabajan con personas con discapacidad tengan la "garantía" de que podrán pagar a sus trabajadores y atender a sus usuarios.
Y también han hablado sobre la posibilidad de que en esta legislatura haya alguna convocatoria de inversiones para mejorar algunos recursos que ya tienen cuarenta o cincuenta años y están "obsoletos".
Perales ha subrayado que Castilla-La Mancha se puede "sentir orgullosa" de los recursos que tiene para discapacitados y del movimiento asociativo, que ha sido "muy dinámico", ha contado con el apoyo de la administración y ha conseguido recursos importantes, que, no obstante, deben ser mejorados.
En este sentido, ha pedido un mapa "auténtico" de recursos y necesidades, para que la inversión vaya donde más falta hace y no "donde la reivindicación política o asociativa o ciudadana sea más virulenta".
El Cermi, asimismo, ha ofrecido su colaboración al Gobierno regional para desarrollar las ley de servicios sociales.
Agregar comentario