El responsable regional del Área de Vivienda, Urbanismo y Territorio de Izquierda Unida, Miguel Ramírez, ha instado al Ejecutivo castellano-manchego a que exija el Gobierno central que los miles de inmuebles que tiene la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) en Castilla-La Mancha pasen a formar parte del parque de viviendas públicas de la región.
Esta exigencia la ha llevado a cabo IU a través de siete propuestas que ha presentado para el Anteproyecto de Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha tras la subasta de 900 inmuebles que realizó Sareb el pasado mes de noviembre en la región castellano-manchega y que si se pasaran al parque público de viviendas de la región podrían servir para atender a esas miles de familias que demandan una vivienda.
El objetivo que busca IU con estas enmiendas, ha afirmado Ramírez en rueda de prensa, es mejorar el ámbito social de la Ley de Vivienda, dignificar la vivienda pública, tratar de ofrecer una alternativa habitacional para las familias que están inscritas en los registros de demandantes de vivienda de la Consejería de Fomento y conseguir una moderación en los precios de alquiler y compra de los inmuebles.
Otra enmienda que ha propuesto la federación de izquierdas es facultar a los ayuntamientos para regular un recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para personas con más de 3 viviendas desocupadas de manera injustificada. Al respecto, Ramírez ha dicho que "a partir de 3 o 4 viviendas pueden especular con las viviendas" y para evitar esta especulación proponen el recargo del IBI.
De esta manera, el responsable de IU ha declarado que su partido "se ampara en la función social de la vivienda que recoge la Constitución" para dar poderes a las administraciones publicas para intervenir y poder llevar a cabo el recargo.
OTRAS PROPUESTAS
Por otro lado, IU propone que en las empresas la responsabilidad social incluya también a personas físicas y no sólo a jurídicas, como se hace hasta ahora. También ha propuesto al Gobierno regional que los planes de vivienda tengan cabida poblaciones de más de 10.000 habitantes para "evitar la despoblación que se esta produciendo" y, además, ha exigido para el Anteproyecto de Ley de Vivienda que las empresas no gestionen el patrimonio público.
A estas enmiendas, la federación de izquierdas ha sumado la creación de un servicio de mediación para gasto de alquileres y de comunidad en el caso que se produzcan impagos o irregularidades, y un plan integral de inserción social para familias sin ingresos.
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