El Gobierno regional reitera su apuesta por la Educación pública tras cuatro años “gravemente atacada”

“No se trata en absoluto de ningún ataque contra la Educación concertada, sino una apuesta clara por recuperar la educación de gestión pública en Castilla-La Mancha”, ha afirmado el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro

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Martes, 09/02/2016 | Toledo | Región | Portada, Educación

El vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha subrayado hoy la apuesta del Ejecutivo autonómico por la Educación pública, gestionada directamente por la Administración regional, invirtiendo así la tendencia experimentada durante la pasada legislatura en la que “el Gobierno de Cospedal había realizado un ataque a la escuela de gestión pública”.

Martínez Guijarro, que ha presentado junto al consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, los detalles del proyecto de ley de presupuestos de Castilla-La Macha para este año, ha matizado que  todos los alumnos que en estos momentos están escolarizados en la Educación concertada, lo seguirán estando y “de cara al futuro dependerá de las solicitudes que nos encontremos”.

“No se trata en absoluto de ningún ataque contra la Educación concertada, sino una apuesta clara por recuperar la educación de gestión pública en Castilla-La Mancha, que entendemos que ha sido gravemente atacada en los últimos 4 años”, ha dicho.

Del mismo modo, ha insistido en el objetivo que se marca el Gobierno que preside Emiliano García-Page de reducir las ratios en las aulas, lo que supondrá un incremento de profesionales.

Asistencia religiosa

Por otra parte, Martínez Guijarro ha dejado claro que el Gobierno regional está “absolutamente de acuerdo” con que todas las personas que están en el sistema sanitario de Castilla-La Mancha reciban asistencia religiosa de todas las confesiones, pero “otra cosa es quien la tiene que pagar”.

Actualmente son las Comunidades Autónomas las que financian este servicio, pero el Ejecutivo autonómico plantea que “si se revisa el acuerdo con la Santa Sede, que se revise quién tiene que pagar esa asistencia religiosa, porque no creemos que tenga que ser el sistema sanitario”.

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