CCOO: La pertinente rectificación de Ruiz Molina sobre la regulación de las contratas del Transporte Sanitario tranquiliza a los trabajadores del sector

CCOO CLM calificó tal exclusión de injustificable, y así parece haberlo entendido el Gobierno de CLM puesto que el consejero de Hacienda ya ha desmentido su primera afirmación. Rectificación pertinente que le honra (puesto que es de sabios); que tranquiliza a los trabajadores del sector y de la que nos congratulamos.

A la espera de ver publicada en el DOCM la mencionada Instrucción,  íntegramente y sin excepciones, hay que recordar que CCOO ya trasladó hace varios meses a la Administración sus propuestas para la redacción de los pliegos de condiciones para regular la nueva adjudicación del Transporte Sanitario; propuestas que sustancialmente coinciden con las cláusulas sociales incluidas en la Instrucción (puesto que también en su elaboración ha participado muy activamente el sindicato); y que también deben fundamentar el Acuerdo de Estabilidad en el Empleo de las Contratas de la JCCM.

Pero había dos poderosas razones para que, ya el pasado mes de junio, CCOO presentara estas propuestas aplicadas específicamente al sector del Transporte Sanitario:

La primera, porque las actuales concesiones están a punto de caducar, el 1 de diciembre; y era por tanto urgente tener elaborados los nuevos pliegos. Difícilmente estarán a tiempo, pero bienvenido sea el retraso si con ello se garantiza una correcta regulación de las nuevas adjudicaciones.

Y esa es, precisamente, la segunda razón por la que el transporte sanitario lleva mereciendo toda la atención de CCOO, no durante la última semana y con un par de notas de prensa, sino durante cuatro años enteros y con toda la acción sindical y jurídica del sindicato.

Porque el transporte sanitario ha sufrido como ningún otro la decisión del Gobierno de Cospedal de atenerse únicamente al precio para adjudicar la prestación de este servicio público esencial a las actuales concesionarias; permitiéndoles además incurrir en todo tipo de tropelías antisociales en la gestión de la contrata.

Se han sucedido los despidos, los recortes salariales, la supresión de derechos y las vulneraciones de derechos fundamentales por parte de las empresas; y se han sucedido, por parte de CCOO en solitario, las movilizaciones, las huelgas y las sentencias judiciales ganadas, desde los juzgados de lo Social hasta el Tribunal Supremo.

Mientras seguimos negociando con el Gobierno de CLM el Acuerdo de Estabilidad en el Empleo, toda la Instrucción para la inclusión de Cláusulas Sociales en la Contratación del Sector Público, ya aprobada aunque aún pendiente de publicación en el DOCM, es muy valiosa; y transcendental para más de 35.000 trabajadores y trabajadoras de las contratas de la JCCM.

Pero hay tres cláusulas que ponen en dedo en las tres llagas más sangrantes del Transporte Sanitario ‘made in Cospedal’ y sus empresas beneficiarias:

Primero, la garantía de subrogación de los trabajadores. De sus contratos y de sus derechos. Sin esta garantía, las actuales adjudicatarias ejecutaron sin pestañear más de cien despidos, y se embolsaron cuanto pudieron arrebatándoselo a sus plantillas; suprimiendo, por ejemplo, y  masivamente, la antigüedad.

Segundo, la agilidad de la JCCM para rescindir los contratos con las empresas adjudicatarias de servicios externalizados en caso de incumplimientos. En el transporte sanitario la indecencia ha campado por sus respectos y sólo los tribunales han podido, aunque tarde, ponerle coto y reparación en parte,

Y tercero, la exigencia de aplicación del convenio colectivo sectorial. Este punto exige recordar que el actual convenio regional del Transporte Sanitario, suscrito en julio de 2013 por la patronal y la UGT y contra el que CCOO presentó demanda de impugnación, está pendiente del pronunciamiento del Tribunal Supremo.

Ya en julio de 2015 el TSJ-CLM ya dio la razón a CCOO y anuló su artículo 21.D, donde se regulaban las denominadas “bases a tres”, un sistema de organización del trabajo que facilitó una parte de los despidos de trabajadores del sector ejecutados por las actuales empresas adjudicatarias de este servicio público. CCOO valoró aquella sentencia, pero la recurrió en casación ante el Supremo por entender que también debía anularse el apartado B del mismo artículo 21, que dio paso a la implantación de los “dispositivos de localización”, otro mecanismo cuya regulación en el convenio, a nuestro juicio ilegal, ha permitido a las empresas destruir decenas de puestos de trabajo. A la espera de la sentencia del Alto Tribunal, la Fiscalía de la Sección Social del Tribunal Supremo avala la reclamación de CCOO a este respecto.