CCOO CLM exige a las autoridades gubernativas que garanticen el derecho a la intimidad, la privacidad y la integridad física y moral de las mujeres de la región que deciden interrumpir su embarazo

CCOO de Castilla la Mancha exige al delegado del Gobierno en CLM y a los subdelegados de Albacete y Ciudad Real que garanticen el derecho a la intimidad, la privacidad y la integridad física y moral de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, así como su libre acceso a los servicios sanitarios que prestan este servicio.

CCOO de Castilla la Mancha exige a esas mismas autoridades gubernativas que garanticen esos mismos derechos a las personas que trabajan en los mencionados servicios sanitarios, plenamente legales; profesionales que deben poder ejercer libremente su derecho al trabajo.

El escrache, el hostigamiento, las amenazas, las coacciones, los insultos y agresiones verbales a las que determinados grupos de fanáticos someten a las mujeres que acuden legalmente a abortar y a los profesionales sanitarios de las clínicas donde se realizan los abortos suponen un atentado contra sus derechos fundamentales, que la autoridad gubernativa no puede dejar de proteger y garantizar.

CCOO de CLM rechaza las declaraciones públicas de la concejal de Mujer en el Ayuntamiento de Albacete, Mari Ángeles Martínez, que acusó a los profesionales sanitarios del Sescam de “no informar debidamente a las mujeres que desean interrumpir su embarazo”. Esas acusaciones, que implican una imputación tan grave como temeraria, resultan injuriosas y calumniosas y rozan el ilícito penal.

Según ésta edil del PP, el aborto “forma parte de una violencia ejercida contra las mujeres”. Puede ser esa su opinión, pero hay que recordar a la señora Martínez que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas considera el aborto un “Derecho Humano”, y así lo expresó categóricamente el pasado mes de febrero.

Debe saber también la señora Martínez que, en nuestro país, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo está regulado por Ley Orgánica. Le guste a ella o no, forma parte del ordenamiento jurídico de nuestro Estado de Derecho, y como ciudadana, y más aún como cargo público, debe respetarlo.