El Partido Socialista ha vinculado su acción política y la presión ejercida por los arrendatarios de tierras rústicas con la modificación del reglamento del Legado Bustillo, aprobado inicialmente en noviembre. El patrono socialista Eulalio Díaz-Cano ha afirmado que ha sido la movilización de los afectados lo que ha llevado a la presidenta del patronato, Luisa Márquez, a negociar. “Ha sido la denuncia pública del PSOE, pero fundamentalmente la presión de los arrendatarios lo que ha obligado a la señora Márquez a sentarse a negociar”, ha declarado.
El pasado miércoles se formalizó un acuerdo con cambios respecto al texto original, que Díaz-Cano considera una rectificación forzada. En este sentido, ha calificado de "ridículo" que se hable de "acuerdo histórico", cuando hace apenas dos meses se presentó una normativa que, a su juicio, perjudicaba a los arrendatarios.
Críticas a la gestión del patronato
Díaz-Cano ha recordado la protesta de los arrendatarios en el pleno del 13 de diciembre, como un punto clave en la movilización. “Vimos una movilización como hacía tiempo no se veía”, ha señalado, acusando a la dirección de la fundación de actuar solo cuando no tiene alternativa. Ha criticado lo que considera una política basada en la soberbia y la ruptura con el modelo anterior, asegurando que la gestión actual provocará un "daño tremendo".
El patrono socialista ha defendido el modelo previo, basado en un reparto equitativo de tierras a precios simbólicos, y ha recordado que anteriormente los arrendatarios optaban a ayudas europeas sin impedimentos. También ha cuestionado la afirmación de que la actual convocatoria de ayudas sea la más grande de la historia. “En 2016 se destinaron 116.000 euros, más del doble que ahora”, ha afirmado.
Díaz-Cano ha acusado al patronato de intentar justificar una subida del precio del arrendamiento, insinuando que estos ingresos se destinan a pagar sueldos como el del gerente de la fundación. También ha criticado la gestión en áreas como el coto de caza, mencionando la construcción de charcas sin permisos y la pérdida de cazadores debido a las restricciones impuestas a los mayores. Además, ha señalado incertidumbre en el centro especial de empleo, vinculándola a la intención del gerente de concurrir a nuevas licitaciones.
Finalmente, ha subrayado que la abstención de los patronos socialistas en la votación de la nueva normativa responde a que fue fruto de la negociación con los arrendatarios, aunque ha insistido en que la modificación del reglamento era innecesaria.
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