La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, junto al jefe superior de Policía, Francisco Herrero, ha anunciado la desarticulación de un grupo criminal dedicado a favorecer la inmigración irregular desde la provincia de Toledo. En la operación, denominada "Bengala", han sido detenidas cuatro personas y hay más de 200 investigadas, según ha informado Tolón en rueda de prensa acompañada también por el jefe de la Brigada Local de Policía Judicial de Talavera de la Reina, Alejandro de la Cruz.
La investigación, desarrollada a lo largo de más de un año por la Brigada Local de Policía Judicial y la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Talavera de la Reina, se llevó a cabo en varias fases con principales focos de actuación en Talavera de la Reina, Toledo y Madrid, aunque no se descartan nuevas detenciones ni ramificaciones en otras comunidades autónomas.
El punto de partida de la operación se produjo cuando los agentes observaron la llegada continua a la estación de autobuses de Talavera de la Reina de grupos de ciudadanos originarios de Bangladesh procedentes de Madrid portando carpetas con documentación que regresaban en el mismo día a la capital. Esta observación inicial permitió descubrir un entramado perfectamente organizado que tenía su epicentro en una inmobiliaria local, desde la que se falsificaban contratos de alquiler con el objetivo de empadronar fraudulentamente a estas personas en Talavera de la Reina.
El siguiente paso del proceso consistía en obtener actas notariales que acreditaran la idoneidad de esas viviendas para acoger a familias, aunque los interesados nunca habían residido ni residirían en ellas. Con esta documentación falsa, el grupo criminal solicitaba la reagrupación familiar de los extranjeros a través de un abogado con despacho en Toledo, que se encargaba de tramitar los expedientes, a sabiendas de que toda la documentación era fraudulenta.
El entramado contaba además con mediadores y captadores, encargados de localizar tanto los domicilios como a las propias personas interesadas en reagrupar ilegalmente a sus familiares. Cada reagrupación familiar se cobraba entre 1.500 y 2.000 euros por persona y se calcula que este grupo criminal habría logrado reagrupar ilícitamente a más de 600 personas. Según las estimaciones de los investigadores, se habrían generado entre 900.000 y 1,2 millones de euros en beneficios ilícitos a los responsables de la organización.
Tolón ha destacado que estos datos "reflejan la magnitud de la operación y la relevancia del golpe policial dado a una red que no sólo vulneraba la legalidad, sino que atentaba contra los derechos de las personas migrantes y ponía en riesgo la integridad de nuestro sistema de acogida y convivencia". La delegada ha resaltado "la profesionalidad y el rigor con que ha trabajado la Policía Nacional en esta investigación", calificándola como "una labor paciente, meticulosa y coordinada, que demuestra la alta capacidad de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para combatir el crimen organizado".
El resultado de la Operación Bengala "reafirma el compromiso del Gobierno de España con una inmigración ordenada, justa y legal, que respete las normas y los derechos de todas las personas, persiguiendo a quienes se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas migrantes", ha afirmado Tolón, quien ha finalizado agradeciendo "una vez más, a la labor de los agentes que han hecho posible esta operación y al trabajo continuo que realiza la Policía Nacional en Castilla-La Mancha para protegernos a todos".
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