La Plataforma “Sin agua, no habrá vida” de Villarrubia denuncia inspecciones "desproporcionadas" y visitas nocturnas a pozos de riego

La Plataforma “Sin agua, no habrá vida” de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) ha denunciado lo que califican como un trato “desproporcionado” durante recientes inspecciones del SEPRONA, así como actuaciones nocturnas no identificadas en parcelas de riego. Estos hechos se analizaron en una reunión celebrada la pasada semana en el Ayuntamiento local, donde participaron representantes de cooperativas, partidos políticos y la alcaldesa Encarnación Medina.

Según detallaron en el encuentro, en la madrugada del 7 al 8 de julio se registraron visitas no autorizadas a pozos en uso, con huellas de vehículos, manipulación de contadores y daños en instalaciones. Los afectados interpusieron denuncias, aunque se desconoce la identidad de los responsables.

Posteriormente, entre el 14 y el 18 de julio, el SEPRONA realizó inspecciones con un operativo que incluyó 6 agentes, 3 vehículos de alta gama, drones y cámaras introducidas en caudalímetros. Los agricultores criticaron la “sensación de persecución” y señalaron que los equipos procedían de otras comunidades autónomas.

La alcaldesa Encarnación Medina contactó el 18 de julio con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), Samuel Moraleda, para exigir explicaciones sobre los controles y la falta de información oficial sobre la campaña de riego.

Reunión en el MITECO sin avances

El debate también abordó la reciente reunión de la Asociación de Explotaciones Prioritarias en el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), donde participaron la directora general de Agua, María Dolores Pascual; la comisaría de Aguas de la CHG, María Hayas, y el director general de Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Juan Fernández.

La Plataforma reprochó la “inacción” de las administraciones para resolver expedientes de regularización de pozos paralizados desde 2008, pese a estar amparados por el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG). Los afectados, unos 1.400 agricultores profesionales, siguen sin concesiones legales para sus explotaciones tras 17 años de retrasos.

En declaraciones recogidas durante el encuentro, los representantes locales subrayaron su “decepción” ante la negativa del MITECO, la CHG y la Junta a destrabar un conflicto que consideran “enquistado”.