La Organización de Consumidores y Usuarios ha solicitado a la DGSFP que tome determinadas medidas para atajar las malas prácticas del sector asegurador, que OCU viene detectando desde hace tiempo a través de su asesoría jurídica frente a la indefensión del usuario ante la falta de motivación de la indemnización ofrecida o de su rechazo, así como la pérdida de la prima no consumida de forma injusta a favor de la aseguradora.
Por ello, OCU solicita que sea ineludible en todos los contratos de seguro, no solo en los obligatorios de responsabilidad civil de vehículos a motor, realizar una oferta motivada, detallando las distintas partidas que componen la indemnización si entendiera acreditada la responsabilidad y cuantificado el daño o bien una respuesta motivada del rechazo de la indemnización.
Para la Organización es inadmisible que una indemnización se niegue sin ninguna explicación o que una indemnización se ofrezca sin conocer cómo se ha calculado.
Por otra parte, exige asimismo que sea obligatorio entregar al afectado una copia del informe pericial, para que pueda conocer qué opina el perito sobre las causas del siniestro, las consecuencias y el importe estimado de los daños y evitar con ello, posibles abusos de la aseguradora para denegar un siniestro u ofrecer una indemnización inferior amparándose en un documento desconocido para el asegurado.
Otra de las reivindicaciones de OCU versa sobre el criterio de indivisibilidad de la prima. La DGS reconoce como una buena práctica la devolución de la prima no consumida o la renuncia a cobrar las primas fraccionadas posteriores cuando haya desaparecido la razón de ser del seguro, y esa desaparición no haya dado lugar a una indemnización completa. Sin embargo, para OCU es necesario un cambio normativo para que, en esos casos, dicha buena práctica sea de obligado cumplimiento y no quede a voluntad de la aseguradora.
Como paso previo e inmediato, OCU solicita a esa Dirección General que modifique su criterio, entendiendo que la prima “cubre el riesgo de siniestro por el plazo estipulado” mientras el riesgo ciertamente existe, añadiendo estas excepciones a la aplicación de la indivisibilidad de la prima, puesto que precisamente las aseguradoras aluden a la misma para no realizar la mencionada buena práctica o condicionarla con arreglo a sus intereses.
Por último, las resoluciones que emite la DGS a las reclamaciones de los usuarios, en la mayoría de los casos, no llegan dentro del plazo máximo previsto de cuatro meses y algunas tienen tales retrasos, que hacen contraproducente acudir a ese Servicio.
Teniendo en cuenta además que sus resoluciones no son vinculantes, OCU considera fundamental que, en la memoria anual que publica este organismo, se identifique qué compañías acatan sus resoluciones y en qué porcentaje y cuáles no. Así mejoraría la información y, por tanto, la capacidad de elección del consumidor.
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