OCU exige al Gobierno la defensa de los pequeños accionistas ante la OPA de Naturgy

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), a través de su revista semanal núm. 925 de OCU Inversiones, publica una valoración y consejos para los accionistas de Naturgy, por la Oferta Pública de Adquisición (OPA) anunciada por la sociedad luxemburguesa Global InfraCo.

OCU considera que el anuncio de esta futura OPA parcial (ya que sólo pretenden hacerse con el 22,69% de la energética española con lo que ni siquiera se convertiría en el mayor accionista de la compañía) ha puesto de nuevo en duda el papel del Gobierno en estas operaciones y la defensa de los pequeños accionistas.

La citada sociedad luxemburguesa ha presentado el pasado viernes ante la CNMV la citada oferta y por tanto la operación quedará pendiente tanto del visto bueno de la CNMV como de otras autorizaciones administrativas entre las que se encuentra la aprobación del Consejo de Ministros. Una vez que se autorice, habrá por delante otro mes para decidir si se acepta o no.

OCU considera que no debería haber problema para que la operación saliese adelante. Ahora bien, a pesar de que OCU considera que no hay razones objetivas para que el Consejo de Ministros, tras los dictámenes técnicos correspondientes, encuentre objeciones basadas en un menoscabo a la competencia o un perjuicio a los accionistas minoritarios, la operación pudiese ser frenada basándose en razones ajenas a estar premisas.

OCU recuerda que no sería la primera vez que ocurre algo así en España, ni en otros países de la UE. Un caso reciente de hace un par de semanas es el rechazo por parte del gobierno francés de la oferta de compra sobre Carrefour, lanzada por el grupo canadiense Alimentation Couche-Tard (ACT). Rechazo que el ministro de Asuntos Económicos galo hizo basándose en que la operación pondría en riesgo la seguridad alimentaria francesa. La consecuencia para sus accionistas es que la subida del 25% en el precio de la acción se ha volatilizado y ya cotiza por debajo del precio previo al anuncio de la fallida oferta.

La cuestión es que esta intervención estatal puede afectar a los intereses de los inversores minoritarios, si se aleja de razones objetivas para conceder la autorización.

Para OCU, el papel del Estado, una vez analizado que la operación no suponga un menoscabo de la competencia, no debiera ser inmiscuirse en el interés empresarial con la excusa del salvaguardar el interés general.

OCU quiere recordarle al Gobierno que la defensa de los criterios ASG en las inversiones, es decir las socialmente responsables, supone aceptar todas sus letras, desde la A de ambiental, pasando por la S de social hasta la G de buen gobierno corporativo. Un buen gobierno cuyo principal pilar es el respeto a las decisiones de sus accionistas– grandes o pequeños – que son quienes deben tener el poder de decidir qué hacer con ella.

OCU anima al Estado a seguir velando por el interés de las familias que son pequeños accionistas de estas compañías promoviendo cambios normativos como, por ejemplo, en la ley de OPA, que en la actualidad no es nada proteccionista con los pequeños inversores p.ej. en casos de exclusión bursátil.