En Cataluña se ha celebrado un referéndum ilegal el día 1 de octubre, con la intención de proclamar la independencia. Puigdemont y compañía han actuado sin pensar, o más bien dándoles igual lo que aparezca en la Constitución. Esto puede tener consecuencias, entre ellas la aplicación del ya famoso artículo 155 de la Constitución (Ubicado en el Título VIII) y referente a la Organización Territorial del Estado, nunca antes utilizado que expone lo siguiente:
- Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
- Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.
Con la aplicación de dicho artículo se podrían suspender funcionarios, actividades y servicios, pero no una comunidad autónoma, ya que cada artículo se basa en garantizar el cumplimiento de la Constitución. Expertos en el ámbito legislativo han afirmado que si el Gobierno lo aplicara, podría ordenar a las autoridades políticas catalanas, pero no podría utilizar la fuerza ni disolver órganos institucionales catalanes.
Resumiendo, lo que se contempla en dicho artículo es que la autoridad autonómica pase a estar dirigida por el Gobierno Central. Además está escrito con cierta ambigüedad, lo que le otorga flexibilidad a la hora de aplicarlo a diferentes situaciones.
Otra de las labores de la Constitución es garantizar el bienestar general, pero lo cierto es que nunca llueve a gusto de todos, ¿cómo sería posible satisfacer a todos en este asunto? Defensores de la unidad de España y defensores de la independencia de Cataluña. Es cierto que democracia es decidir, pero dentro de un marco legal. Democracia también es respetar lo que se dice en la Constitución, y los dirigentes políticos catalanes no lo han respetado, por lo tanto en medio de esta algarabía en la cual no se va a beneficiar a todos y que las predisposiciones al diálogo se muestran difíciles, parece que el Gobierno está dispuesto a aplicar la ley.
Se está llegando a un punto en el que la sociedad catalana está dividida, los extremos van alimentando el conflicto y los seguidores se ponen a pie de calle haciendo manifestaciones envueltos en disturbios, generados en ocasiones por los antidisturbios, aunque suene a paradoja. El que quiera verlo como ironía que lo haga y el que no que lo tome al pie de la letra. Pero lo claro en este asunto es que dependiendo de los medios de comunicación donde leas las noticias te mostrarán una foto de un policía pegando a un ciudadano, o de un ciudadano pegando a un policía.
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