LÓPEZ & GALÁN CONSULTORES muestran su preocupación ante la nueva ley de telecomunicaciones

El pasado día 8 de mayo concluía el proceso de reforma de la Ley General de Telecomunicaciones, un proceso que empezó con la remisión al Congreso de los Diputados del nuevo proyecto de articulado por parte del Gobierno de la nación en septiembre de 2013, y que concluía con su segunda aprobación en el Congreso tras haber sido enmendado por el Senado en marzo.

LÓPEZ & GALÁN CONSULTORES muestran su preocupación ante la nueva ley de telecomunicaciones
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DE LÓPEZ & GALÁN CONSULTORES.
Jueves, 15/05/2014 | Región, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Nacional, Internacional, Puertollano, La Mancha | Portada, Ciencia, Opinión, Cultura, Deportes, Economía, Tecnología, Política, Salud, Sociedad, Sucesos, Medio Ambiente, Turismo, Gastronomía

La Ley General de Telecomunicaciones es la norma superior que permite regular de manera unificada el sector de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Una de los objetivos Gobierno para justificar la nueva reforma de la ley es la de mejorar la seguridad jurídica, pues agrupa la normativa vigente hasta ahora dispersa en los ámbitos nacional y comunitario (por ejemplo, incorpora al ordenamiento jurídico español las Directivas europeas de Mejor Regulación y de Derechos de los Ciudadanos). Desde LÓPEZ & GALÁN CONSULTORES piensa que no es así, que lo único que hace la ley es recoger normativa europea pero los abusos de las compañías de telefonía se han incrementado ante la falta de organismos de protección, que se han extinguido.
 
La nueva ley, según el Gobierno, también persigue el fin de fomentar la competencia sin desincentivar las inversiones, planteando para ello reformas en el régimen jurídico de las telecomunicaciones dirigidas a facilitar el despliegue de redes y la prestación de servicios por parte de los operadores. Sin embargo, el proyecto de ley desincentiva la inversión porque es difícil entrar en el sector y no facilita la creación de nuevas empresas porque  se preocupa más de proteger a los que ya están, dando un trato de favor a los operadores dominantes. Para el Gobierno las modificaciones introducidas refuerzan los derechos de los usuarios, que tendrán derecho a recibir mejor información sobre las condiciones de provisión de los servicios, y que tendrán derecho a una protección más eficaz de los datos personales, pero nada más lejos de la realidad pues con el desarrollo en las redes las vulneraciones de la privacidad y datos es más evidente.
 
Por otra parte, la ley pretende reforzar las competencias del nuevo gran organismo regulador (la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) para perseguir determinadas prácticas restrictivas de la competencia en este sector. Con esta ley se pretende que en el plazo de seis años todos los ciudadanos europeos puedan acceder a conexiones de banda ancha a una velocidad como mínimo de 30 Mbps, y que, al menos, uno de cada dos hogares europeos, estén abonados a conexiones de banda ancha superiores a 100 Mbps.  Una situación discutible cuando no se han creado planes de acceso a las tecnologías para familias con pocos recursos, y normalmente ese monopolio está en manos de las grandes compañías.
 
Otro cambio destacable es la portabilidad del número de teléfono entre operadores en el espacio máximo de un día laborable. Algo deseable pero de difícil consecución por eso desde LÓPEZ & GALÁN CONSULTORES consideramos que la ley no ampara a los usuarios sino que se enfoca, básicamente, al beneficio de los operadores.
 
Finalmente, cabe destacar una de las medidas polémicas que ampara el nuevo articulado. Así, al recibir la instalación y despliegue de redes públicas de comunicaciones la calificación de “obras de interés general”, la Administración se arroga la capacidad de expropiar tejados y azoteas para instalar en ellos antenas de las operadoras aun sin el permiso de las comunidades de vecinos. El artículo 29 de la Ley bajo el titulo Derecho de ocupación de la propiedad privada, permite a los operadores  expropiar  o declarar la servidumbre forzosa, con una resolución del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Para LÓPEZ & GALÁN CONSULTORES esta medida es discutible, sobre todo porque ataca frontalmente los derechos de la propiedad privada, tan consolidado por la legislación civil española, y podrá ocasionar oposiciones jurídicas que se deberán resolver en los Tribunales.

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