El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado este viernes un acuerdo por el que autoriza una inversión total de 45,1 millones de euros para la celebración de un contrato de servicio integral de seguridad y control de accesos en 169 edificios judiciales adscritos a gerencias territoriales de Justicia.
Entre estos inmuebles se encuentran sedes de tribunales superiores de Justicia, audiencias provinciales, fiscalías, juzgados de distintas jurisdicciones, servicios de medicina legal y forense así como oficinas de asistencia a víctimas, según ha afirmado el ministerio en un comunicado.
La finalidad del contrato es la de cubrir las necesidades de seguridad propias de estos edificiomediante una serie de medios humanos y materiales que mejoren las actividades de control.
El nuevo contrato tiene una duración inicial de dos años desde su entrada en vigor el día 1 de abril de 2018 y podrá ser prorrogado por otros dos años.
Se divide en un total de 15 lotes que se distribuyen entre las gerencias territoriales de Extremadura, Castilla y León (Valladolid y Burgos), Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia, Tenerife, Ceuta, Sevilla, Málaga, Melilla, Cataluña, Valencia, Galicia y Bilbao.
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