La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Castilla-La Mancha ha señalado los grandes desafíos para 2025 en materia de Función Pública, con especial atención a la continuidad de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), la negociación de un nuevo acuerdo salarial y el fin de los recortes que afectan al sector público en la región.
Continuidad de Muface y asistencia sanitaria en riesgo
CSIF ha manifestado su preocupación por el futuro de Muface, tras el rechazo de dos aseguradoras a renovar su participación, lo que podría afectar a la asistencia sanitaria de más de 74.000 empleados públicos. Lorenzo Domínguez, presidente de CSIF Castilla-La Mancha, ha criticado que “el Gobierno haya llevado esta situación al límite, ignorando incluso un informe de la AIREF sobre la viabilidad del modelo”. También ha instado a las aseguradoras a mantener su colaboración para garantizar la salud de los funcionarios.
Reclamo de un nuevo acuerdo salarial
El sindicato ha denunciado una pérdida acumulada de 20% de poder adquisitivo para los empleados públicos desde 2010 en Castilla-La Mancha. Entre las demandas, destacan la eliminación de la tasa de reposición, la regulación definitiva de la jubilación parcial, la equiparación salarial entre administraciones y mejoras en las condiciones laborales, como el teletrabajo y la adecuación profesional.
Recortes persistentes en servicios públicos
CSIF ha señalado los recortes en sectores clave como la sanidad, educación, residencias de mayores y oficinas agrarias. Entre las medidas criticadas están la paralización de la carrera profesional, impagos en productividad variable y restricciones en contrataciones. También ha recordado la eliminación del Plan de Acción Social bajo el mandato de Cospedal, sin que se haya logrado su recuperación.
Subvenciones cuestionadas y privatización
CSIF ha censurado las ayudas concedidas por el Gobierno de Emiliano García-Page a sindicatos como CCOO y UGT, que suman 43,9 millones de euros desde 2014. Domínguez ha pedido que estos fondos sean destinados a reforzar los servicios públicos y proteger a los colectivos más vulnerables. Además, el sindicato alerta sobre la privatización que implica la Ley de Simplificación y Agilización Administrativa, actualmente en trámite parlamentario.
Otros retos para 2025
CSIF ha subrayado la urgencia de abordar problemas como la siniestralidad laboral, el alto índice de pobreza y exclusión social en la región, los salarios bajos y la precariedad laboral, especialmente entre las mujeres. “Es necesario un compromiso real con los servicios públicos y los empleados que los sostienen”, ha concluido Domínguez.
Agregar comentario