La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado una masiva manifestación en Madrid este sábado frente a la Dirección General de Muface, en defensa del mutualismo administrativo y con presencia de delegados, trabajadores y jubilados de toda España. Además, el próximo lunes trasladará las movilizaciones a las cinco subdelegaciones del Gobierno en Castilla-La Mancha, donde también reclamará el fin de los recortes en los servicios públicos de la región.
Según Lorenzo Domínguez, presidente de CSIF Castilla-La Mancha, los más de 74.000 beneficiarios de Muface en la región se encuentran en una situación de incertidumbre ante el posible final del concierto sanitario. El sindicato defiende que este sistema de sanidad pública concertada es sostenible y ha ayudado a descongestionar una sanidad ya saturada.
CSIF ha registrado en el Congreso de los Diputados centenares de quejas de mutualistas que están sufriendo anulaciones, retrasos y suspensión de citas médicas e intervenciones quirúrgicas ante la incertidumbre sobre la continuidad del concierto. También ha acudido al Defensor del Pueblo y ha remitido escritos al presidente de la Junta de Comunidades y al consejero de Sanidad para promover una declaración institucional en defensa de este modelo.
En las movilizaciones del lunes en Castilla-La Mancha, CSIF exigirá además el fin de los recortes en Función Pública, que afectan a ámbitos como la sanidad, residencias de mayores, escuelas infantiles, personal laboral de centros educativos, oficinas agrarias y delegaciones provinciales. El sindicato también reclama la recuperación del Plan de Acción Social, eliminado por Cospedal y olvidado por García-Page, que comprendía ayudas para gastos en guardería, comedor escolar, enfermedades o discapacidades de los hijos, adopciones, natalidad, prótesis médicas, emergencia social, mujeres víctimas de violencia de género o accidentes graves y sepelios.
Marisa García, secretaria de Acción Sindical de CSIF Castilla-La Mancha, alerta además de la gran privatización planteada en la Ley de Simplificación y Agilización Administrativa, actualmente en anteproyecto, que daría entrada a empresas privadas en cualquier ámbito público para llevar a cabo procedimientos administrativos.
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