Más del 90% del transporte sanitario de Castilla-La Mancha secunda un paro de 10 horas para exigir salarios dignos y reducción de jornada

El transporte sanitario de Castilla-La Mancha ha secundado este martes un paro de 10 horas con un seguimiento del 90%, según los sindicatos UGT y CCOO, que exigen al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) negociar mejoras laborales y destinar fondos para garantizar un servicio de calidad. Las concentraciones frente a hospitales regionales subrayan el descontento de un colectivo con salarios congelados desde 2012 y jornadas que superan las 2.100 horas anuales.

Demandas y bloqueo negociador

• Salarios y jornada: Los trabajadores reclaman actualizar sus sueldos —congelados durante 13 años— y reducir la jornada a 37,5 horas semanales, alineándose con acuerdos en otras comunidades como Madrid.
• Preacuerdo incumplido: UGT y CCOO firmaron en 2023 un preacuerdo con las empresas concesionarias, que incluye aumentos salariales y contrataciones adicionales, pero el Sescam se niega a financiarlo.
• Falta de diálogo: Serafín García (UGT) tachó de "vergonzosa" la actitud del Gobierno regional, acusándolo de "poner de barrera a los pacientes" al bloquear la negociación.

Obstáculos legales y administrativos

El Tribunal Central de Contratación suspendió recientemente el proceso de licitación del servicio tras un recurso de una empresa y UGT, que denunciaron un pliego económico deficitario. Carmen Juste (CCOO) confía en que esta decisión obligue al Sescam a aumentar la dotación presupuestaria para cubrir costes laborales. "La Administración debe asumir su corresponsabilidad", exigió.

Próximos pasos y advertencias

Los sindicatos han dado al Ejecutivo autonómico un "periodo de reflexión" antes de convocar una huelga indefinida. "Si no hay respuesta, escalaremos las medidas", advirtió García.

Impacto en el servicio y disculpas a usuarios

Aunque se respetaron servicios mínimos, los sindicatos pidieron disculpas a los pacientes por las molestias. "Luchamos por un servicio digno para todos", subrayó García, criticando que la precariedad laboral afecta directamente a la calidad asistencial.

El conflicto se arrastra desde 2012, cuando se congelaron los salarios. Actualmente, un conductor de ambulancia cobra alrededor de 1.000 euros mensuales, según UGT, sin ajustes por inflación ni mejora de condiciones. La licitación del servicio, clave para destrabar el acuerdo, está paralizada hasta que el Sescam revise los fondos asignados.

Mientras, el transporte sanitario —esencial en una comunidad con alta dispersión poblacional— sigue en pie de lucha, exigiendo que la Junta "deje de mirar hacia otro lado" ante un sector al borde del colapso.