Un juzgado de Barcelona desestima la demanda de OCU contra Volkswagen por el Dieselgate, alegando falta de legitimación de la filial española

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado que la justicia española vuelve a encubrir el engaño del grupo Volkswagen en el caso Dieselgate, después de que el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona haya desestimado la demanda interpuesta por la organización contra la filial española del grupo automovilístico para reclamar una indemnización a los afectados por el escándalo de las emisiones contaminantes.

En su sentencia, el juzgado de Barcelona aduce falta de legitimación pasiva de la filial de VW en España, un argumento que OCU considera sorprendente, ya que la filial española fue el instrumento para materializar el daño y beneficiarse de la venta de los vehículos afectados. Además, la organización denuncia que esta decisión viola la tutela judicial efectiva que garantiza el artículo 24 de la Constitución y la normativa nacional de Consumo que obliga a reparar el daño causado de manera solidaria a todos los intervinientes de un proceso productivo.

OCU recuerda que ya obtuvo una sentencia favorable ante el Juzgado de lo Mercantil de Madrid hace cuatro años, pero fue rebatida en segunda instancia en base a una supuesta falta de jurisdicción, motivo por el que tuvo que repetirse todo el proceso judicial en Barcelona. Mientras tanto, los afectados por el engaño en la medición de las emisiones contaminantes de los vehículos del Grupo Volkswagen en Alemania, Austria, Italia, EEUU y Australia ya han sido indemnizados.

La organización denuncia que las mentiras del Grupo Volkswagen han supuesto un grave perjuicio para los miles de propietarios de estos vehículos trucados, no solo por la pérdida de valor del automóvil adquirido, sino también por los posibles daños sobre su salud derivados de la exposición continuada a un exceso de NOx.

OCU recurrirá la nueva sentencia ante la Audiencia Provincial de Barcelona y confía en que esta vez la justicia dicte, sin excusas jurídicas ni procesales, una sentencia favorable que considere los daños y perjuicios ocasionados para cada uno de los 7.500 usuarios representados por la organización y que se cifran en 3.000 euros por persona.