El Juzgado anula la revocación de Guarinos sobre la grúa municipal y evidencia su historial judicial adverso

El Juzgado Contencioso Administrativo nº1 de Guadalajara ha emitido este martes una sentencia que anula la decisión de la alcaldesa Ana Guarinos de revocar la remunicipalización del servicio de grúa municipal, aprobada previamente por el gobierno de Alberto Rojo en abril de 2023. La resolución judicial, solicitada por el Grupo Municipal Socialista y los trabajadores afectados, constituye el último episodio de una trayectoria política marcada por conflictos laborales.

La concejala socialista Pilar Sánchez ha destacado que el fallo confirma la "improcedencia jurídica" de la medida adoptada por Guarinos seis meses después de asumir el cargo en 2023. "Revocó unilateralmente un acuerdo plenario vigente, vulnerando derechos laborales y procedimientos administrativos", ha explicado durante su comparecencia ante medios.

El conflicto se enmarca en un patrón recurrente según la oposición: "Esta sentencia no es excepcional - ha subrayado Sánchez -. Durante su presidencia en la Diputación (2011-2015), acumuló cerca de 100 condenas por despidos improcedentes en servicios como la Banda de Música o Desarrollo Local, con costes superiores a 1 millón de euros para las arcas públicas".

La edil ha denunciado el "efecto dominó" en los servicios esenciales: "Mantiene en pie de guerra a trabajadores de grúas, autobuses urbanos, parques y escuelas infantiles. Su incapacidad negociadora y sectarismo político están generando inestabilidad laboral y sobrecostes ciudadanos".

Actualmente, el consistorio abona 20.000€ mensuales a la empresa adjudicataria por una grúa inoperativa, situación que Sánchez califica de "deriva económica heredada de privatizaciones del PP". Ha citado como ejemplos los contratos de agua y alumbrado de la etapa de José Manuel Román (2003-2011), donde Guarinos fue concejala, cuyas cláusulas de revisión por IPC podrían suponer "10 millones en sobrecostes" según proyecciones socialistas.

El Grupo Municipal exige el "cumplimiento inmediato" del fallo judicial para reactivar la remunicipalización, evitar nuevas multas y "priorizar el interés general sobre la confrontación ideológica". Sánchez ha concluido instando a Guarinos a "aprender de sus errores judiciales" y garantizar servicios públicos "eficientes, estables y económicamente sostenibles".