La Junta de Personal funcionario denuncia que la Ley de Simplificación Administrativa abre la puerta a la privatización de servicios públicos en Castilla-La Mancha

>> "Es toda la sociedad de nuestra comunidad autónoma la que sale perdiendo"

  • Las Juntas de Personal de las cinco provincias se unen para rechazar una norma que, según advierten, deteriorará los servicios públicos y supondrá un coste económico para la ciudadanía

Los funcionarios de Castilla-La Mancha se movilizan contra la Ley de Simplificación por su riesgo de privatizar potestades públicas
Objetivo CLM
Miércoles, 26/02/2025 | Toledo | Región | Sociedad, Economía

La Junta de Personal funcionario de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha denunciado que la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa que pretende aprobar el Gobierno regional abre la puerta a la privatización de los servicios públicos de la comunidad autónoma. Desde el inicio de la legislatura, el presidente García-Page y otros miembros de su equipo han ido anticipando esta norma con lemas como "poda administrativa", "poda burocrática" o "revolución administrativa", pero los funcionarios advierten de sus riesgos.

Aunque el presidente regional presume de la "colaboración público-privada sin complejos", la Junta de Personal alerta de que la Ley de Simplificación "amenaza con dar una patada a la variable pública de este binomio". Según denuncian, son numerosos los ámbitos en los que potestades públicas elementales se pueden ver en manos privadas, lo que les obliga a posicionarse en contra de la norma.

Además, los funcionarios advierten de que no sólo se deteriorarán los servicios públicos, sino que estas entidades privadas se financiarán cobrando una prestación económica a la ciudadanía que requiera sus servicios. "Es toda la sociedad de nuestra comunidad autónoma la que sale perdiendo", afirman.

La Junta de Personal deja claro que están a favor de una administración más moderna y ágil, pero "nunca a costa de debilitar la estructura pública abriendo sus compuertas de par en par a entidades privadas". Por ello, las Juntas de Personal Funcionario de las cinco provincias de la región han acordado por unanimidad unir su voz este 26 de febrero para denunciar su situación.

Los funcionarios han convocado movilizaciones contra esta norma y piden el apoyo de la ciudadanía para frenar una ley que, según su criterio, supone un grave riesgo para el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad y accesibles para todos los castellanomanchegos.

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