Desde el grupo municipal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo se han alegrado de la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en la que se avala que son las comunidades de vecinos las que puedan poner freno al negocio de las viviendas de uso turístico. De esta forma, dejan de ser un factor de presión que se ejerce en las ciudades tensionando los precios de determinadas zonas, ya que el negocio de las viviendas turísticas es más rentable que la vivienda estable. También suponen una competencia en la convivencia vecinal por el número de visitantes.
Los pleitos ganados por comunidades de Donosti y Oviedo han terminado dando la razón a las comunidades de vecinos que denunciaron frente a las empresas que querían explotar esos pisos turísticos. Desde 2019, recuerdan los jueces, los propietarios pueden limitar o condicionar la actividad económica que se lleva a cabo en las viviendas.
La ciudad de Toledo tiene pendiente la tramitación completa de la Modificación Puntual 32 que intentará encargarse de regular las viviendas y los apartamentos turísticos. En el borrador, que aún no está en vigor, la Zona 1 abarca el interior de las murallas del Casco Histórico y la Zona 2 el resto. En la Zona 1 se establece un máximo del 20% para destinarlo a este modelo, mientras que en la Zona 2 no se ponen límites.
"Fuera de las murallas no habrá norma que regule ni el número ni el lugar donde pueden instalarse estos negocios", ha comentado Txema Fernández, portavoz municipal. "Esta sentencia es una salida a la presión turística en Toledo en la que las comunidades serán actores principales en la implantación de estos negocios en sus edificios", ha añadido.
“Invitamos a las comunidades de propietarios de Toledo, sobre todo de la Zona 2, a que se conviertan en actores en la política turística y cambien sus estatutos para incluir la imposibilidad de actividades económicas en espacios comunitarios”, ha finalizado Txema Fernández.
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