Un fiscal rumano termina de reunir pruebas sobre Morate para enviarlas a España

Un fiscal rumano interrogó ayer por última vez a Istvan Horvath, el amigo de Sergio Morate, sospechoso del asesinato de dos jóvenes en Cuenca, con el propósito de reunir más pruebas y enviarlas a España

Objetivo CLM
Jueves, 17/09/2015 | Internacional | Portada, Sucesos

"El fiscal realizó ayer el último proceso verbal con Istvan Horvath con el fin de obtener más evidencias que esclarezcan el caso Sergio Morate", explicó hoy a Efe Mihaela Pop, la portavoz de la Fiscalía del Tribunal de Timisoara, en el oeste de Rumanía.

La portavoz agregó que desconoce si esa información ya ha sido enviada a las autoridades españolas, aunque reiteró que les han pedido mantener en secreto la investigación.

A través de una comisión rogatoria, las autoridades judiciales españolas han pedido a su homólogas que busquen más pruebas que ayuden a clarificar si Morate asesinó a las jóvenes Laura del Hoyo y Marina Okarynska.

Morate fue extraditado el pasado 5 de septiembre a España después de 24 días en prisión preventiva en la comisaría de Timisoara. 

La Policía rumana los arrestó el pasado 13 de agosto en el domicilio de Hortvath en la localidad de Lugoj, cerca de la frontera con Hungría, siguiendo una orden europea de captura dictada por la Justicia española. 

Hortvath, que conoció a Morate en una cárcel española, relató a un fiscal rumano que su amigo se había extraviado en Hungría y le había pedido que fuera a buscarlo para entrar en Rumanía por carreteras secundarias.

Las autoridades judiciales españolas tramitaron su extradición y la entrega de sus bienes, que incluye su vehículo, un Seat Ibiza verde, con el que viajó a Rumanía y en el que los investigadores sospechan que se cometieron los crímenes.

En su primera declaración ante un tribunal rumano, Morate, de 29 años, se declaró inocente de las muertes de las jóvenes de Cuenca y afirmó al juez de la Corte de Apelación de Timisoara que no hay pruebas en su contra.

Morate apeló la decisión de extraditarlo a España, alegando que había recibido amenazas de muerte por parte de la familia de una de las víctimas y advirtió que la mediatización del caso puede provocar que su juicio no sea justo.

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