Independientes de la Guardia Civil (IGC), ha emitido un llamado urgente al Gobierno para que reconozca oficialmente la labor policial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) como una profesión de riesgo y otorgue el estatus de autoridad a sus agentes. Este llamado se produce en medio de un aumento alarmante de agresiones y ataques armados contra los agentes de la ley en España.
Según IGC, lo que solían ser incidentes aislados de ninguneo y menosprecio hacia los agentes de la FCSE se han vuelto cada vez más frecuentes en los medios de comunicación. La organización sostiene que esto se debe en gran parte a la disminución del principio de autoridad y la pérdida de respeto hacia los agentes por parte de ciertos elementos delincuentes que ven en la criminalidad un modo de vida y en los policías a simples "ciudadanos vistiendo uniforme".
Uno de los problemas notables es la impunidad con la que operan los delincuentes, respaldados en muchos casos por su superioridad numérica, la sensación de impunidad, la soledad de las patrullas de la Guardia Civil y la demora en la llegada de refuerzos.
La falta de recursos es otro desafío significativo. Las unidades de la Guardia Civil a menudo carecen de personal suficiente, y las patrullas de una única unidad deben cubrir vastas áreas geográficas, lo que aumenta la sensación de aislamiento y desamparo de los agentes en caso de enfrentar situaciones peligrosas.
IGC ha recopilado información durante el último año de miles de guardias civiles, representados por la organización, que demuestra que muchos agentes se sienten abrumados por la sobrecarga de trabajo. Además de sus tareas tradicionales, los agentes también deben ocuparse de la seguridad perimetral de las instalaciones policiales, el monitoreo de cámaras de videovigilancia, el control de comunicaciones, la atención al público en las dependencias policiales y más.
Esta situación está causando una creciente desmotivación y un aumento en las patologías de estrés, ansiedad y, en los peores casos, depresión entre el personal policial.
IGC insta al Gobierno a tomar medidas para catalogar la labor policial como "profesión de riesgo" y proporcionar el tratamiento adecuado de "autoridad" a los agentes. Además, la organización exige una reestructuración de las unidades policiales y la mejora de las instalaciones y recursos disponibles, incluyendo la renovación de armamento y la adquisición de equipos de protección personal como pistolas eléctricas Táser y chalecos antibalas, con el objetivo de proteger a los agentes y brindar mayor seguridad a la sociedad.
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