El Gobierno regional reafirma su compromiso con el Estado de Bienestar, cumpliendo con los objetivos marcados en el Plan de Choque para la economía de los cuidados

El Gobierno de Castilla-La Mancha reafirma su compromiso con el Estado de Bienestar, cumpliendo con los objetivos marcados en el Plan de Choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión.
 
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha asistido a la primera reunión presencial después del proceso electoral del mes de julio, del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que se ha celebrado hoy en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
 
Durante la reunión se ha informado, ente otros asuntos, sobre la mejora de la financiación para Castilla-La Mancha en 4,6 millones de euros para del ‘Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión’, para proyectos de inversión dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
 
Con el reparto informado en el día de hoy Castilla-La Mancha va a recibir para la anualidad 2023 un total de 52.455.317 euros, lo que supone contar con 4,6 millones de euros de fondos adicionales sobre la cantidad prevista para la anualidad 2023 en el Convenio firmado con el Ministerio que era de 47.782.000 euros.
 
Con estas cantidades se van a financiar proyectos de inversión destinados a los nuevos servicios de teleasistencia, la transformación tecnológica y el refuerzo a la atención a la infancia, la protección residencial y las familias de acogida y la innovación en los servicios sociales, entre otros.
 
Asignación tributaria del IRPF
 
Otro de los asuntos informados en la sesión de hoy ha sido la distribución del tramo autonómico de las subvenciones de interés general con cargo a la asignación del 0,7 por ciento del IRPF y del IS para 2023, correspondiendo a Castilla-La Mancha 15,3 millones.
 
Esta cuantía supone 1,4 millones de euros más que en la convocatoria anterior, y un 57 por ciento más con respecto a 2017, cuando se comenzaron a gestionar estos proyectos y esta convocatoria desde las comunidades autónomas.