El Gobierno mejora las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar

Este colectivo tendrá la misma protección por desempleo que el resto de trabajadores por cuenta ajena. Además, el Ejecutivo ha impulsado actuaciones para la recuperación del Mar Menor y de las zonas afectadas por el incendio de la Sierra de la Culebra (Zamora) y para prevenir inundaciones en el Ebro.

El Gobierno mejora las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar
Objetivo CLM
Martes, 06/09/2022 | Madrid | Nacional | Sociedad, Economía

El Consejo de Ministros ha equiparado, a través de un Real Decreto-ley, las condiciones de las empleadas del hogar a las del resto de trabajadores, una reivindicación histórica de las plataformas de ese colectivo. El texto acaba con la discriminación que sufrían y asegura una adecuada valoración de su trabajo. La norma responde a un compromiso del Gobierno de coalición y hace efectiva la ratificación por parte de España del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado que el decreto convierte a España en "un país mejor que pone en el centro de su actuación pública el bienestar para las que, hasta el día de hoy, han sido las grandes olvidadas, las mujeres trabajadoras más vulnerables". Un colectivo -ha añadido- con características singulares: más de un tercio de estas mujeres superan los 55 años, un 44% son extranjeras, y más de la mitad desempeñan ese trabajo a tiempo parcial.

La ministra ha destacado el carácter feminista de la norma, ya que engloba tanto a las trabajadoras más vulnerables como a las empleadoras, y también su valor social, pues restituye derechos de los que el legislador ha privado a este colectivo, una vulneración condenada por los tribunales de justicia europeos.

Prestaciones por desempleo y otros derechos

La principal novedad del decreto, como ha apuntado Yolanda Díaz, es que las personas trabajadoras del hogar tendrán derecho a la prestación contributiva de desempleo y a todas las prestaciones asistenciales vigentes en el ordenamiento jurídico laboral. Será obligatorio cotizar por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) a partir del 1 de octubre, y se garantiza la cobertura indemnizatoria de las trabajadoras en caso de insolvencia del empleador.

Además, la norma protege a estas trabajadoras frente a despidos injustificados y elimina la figura del desestimiento, que es una forma de despido sin causa, en la medida en que no requiere acreditarse. A partir de ahora, también disfrutarán en plena igualdad de los derechos de información sobre sus condiciones laborales, y el Ejecutivo pondrá en marcha políticas de formación y acreditación específicas.

Bonificaciones para el empleador

Respecto a la seguridad y la salud en el trabajo, se incorpora a estas mujeres al ámbito de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y se crea una comisión de estudio con enfoque de género para abordar las enfermedades profesionales.

Otra gran novedad subrayada por la vicepresidenta es que, además de la reducción a las cotizaciones que existe en la actualidad, los empleadores tendrán derecho a una bonificación del 80% en las aportaciones a la cotización por desempleo y al FOGASA. De esta forma -ha señalado la vicepresidenta segunda-, se protege a las trabajadoras vulnerables y, al mismo tiempo, a las familias que necesitan sus servicios.

Actuaciones en el Mar Menor, el Ebro y la Sierra de La Culebra

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha detallado los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros sobre el Mar Menor (Murcia), el tramo medio del río Ebro (La Rioja, Navarra y Aragón) y la Sierra de La Culebra (Zamora).

Ribera ha destacado, en los tres casos, la importancia de la cooperación y la coordinación entre las distintas administraciones para llevar a cabo estas actuaciones de mejora, prevención y recuperación medioambiental.

Mar Menor

El Gobierno otorgará 20 millones de euros en subvenciones directas a los ayuntamientos ribereños del Mar Menor para la mejora de sus instalaciones de saneamiento y depuración. Los beneficiarios son San Javier, Los Alcázares, Cartagena, San Pedro del Pinatar, Fuente Álamo, Murcia, Torre Pacheco y La Unión, que suman casi 180.000 habitantes censados, y más del doble en periodos vacacionales. Estos municipios tienen problemas importantes en la gestión diaria de sus redes de saneamiento, que además se ven desbordadas en casos de lluvia torrencial.

La vicepresidenta ha reiterado el carácter prioritario de la restauración del Mar Menor tras años de deterioro por vertidos procedentes de la actividad agraria, ganadera, minera y de la urbanización de la zona: "El Mar Menor es quizá el espacio que mayor atención, dedicación y presupuesto ha recibido, la iniciativa más importante de recuperación ambiental en la que se ha implicado nunca un Gobierno de España".

El año pasado se aprobó el Marco de Actuaciones Prioritarias, que ha permitido comprometer hasta la fecha inversiones por valor de 82 millones. La cantidad total que se dedicará hasta el año 2026 es de 484 millones, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Algunas líneas de actuación que se están llevando a cabo están relacionadas con la restauración de la legalidad en el curso del agua: "Más de 6.000 hectáreas de regadío ilegal cuentan ya con resolución sancionadora y hay otras 1.500 en tramitación, y se han desmontado 215 desaladoras y 140 pozos ilegales", ha especificado Ribera.

Otros ejes prioritarios son la restauración y renaturalización de la cuenca, la gestión del riesgo de inundaciones, la restauración de balsas o instalaciones mineras abandonadas, la redefinición del dominio público marítimo-terrestre, el impulso a la investigación, conocimiento y monitorización de la zona y la conservación de la biodiversidad y de especies como la nacra o el caballito de mar.

Tramo medio del Ebro

El Ejecutivo concederá 10 millones de euros a La Rioja, Navarra y Aragón para realizar actuaciones de adaptación al riesgo de inundación de las edificaciones, equipamientos, instalaciones y explotaciones existentes en el tramo medio del río Ebro y sus afluentes.

Teresa Ribera ha subrayado que, aunque en el río Ebro las crecidas se han producido a lo largo de los siglos, su recurrencia y virulencia se ha intensificado debido al cambio climático y el calentamiento global: "Concretamente, diciembre de 2021 ha sido el momento récord en todos los registros desde que hay aforos".

Las tareas de prevención, ha señalado la ministra, deben tener como objeto reducir los costes de reparación de los daños producidos por las inundaciones. En este caso, afectarán a más de 400.000 hectáreas de fincas cultivadas, 350 explotaciones ganaderas y ciudades y pueblos ribereños de las tres comunidades autónomas, donde viven 51.000 personas.

Las actuaciones financiables incluyen la adquisición de medios de barrera para frenar la entrada de agua y equipamiento para su evacuación, realización de obras de impermeabilización y aislamiento, expropiación de las fincas más próximas y con mayor riesgo de inundación, reformas en infraestructuras públicas y núcleos urbanos y también la convocatoria de ayudas en concurrencia competitiva para que los particulares puedan tener recursos para proteger sus fachadas o sus fincas.

Sierra de La Culebra

Por último, el Ejecutivo destinará 2 millones de euros a la restauración de emergencia de las zonas de la Sierra de La Culebra (Zamora) afectadas por los incendios de este verano, especialmente para evitar la erosión de los suelos calcinados.

Apoyo a iniciativas científicas divulgativas

El Gobierno aportará 2 millones a la construcción y el equipamiento de la nueva sede del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra y otro millón a la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis y a la Fundación Ibercivis de Zaragoza.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha remarcado que los tres proyectos tienen en común su vocación divulgativa de la ciencia y que este apoyo económico refleja el compromiso del Ejecutivo con la ciencia y su papel fundamental en el desarrollo y futuro de España.

Presidencia española de la UE en 2023

El Gobierno ha analizado el informe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación relativo a los preparativos para la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023.

Isabel Rodríguez ha explicado que más de 1.000 funcionarios se están formando específicamente para "dar la mejor versión de nosotros mismos" y también se están ya organizando las distintas reuniones oficiales en las sedes que las albergarán, repartidas por todas las comunidades autónomas "para mostrar España en su diversidad a todos los países de la UE".

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