El Gobierno declara zonas de emergencia en diez comunidades autónomas tras 26 catástrofes desde marzo

El Consejo de Ministros ha declarado zonas afectadas por emergencias de protección civil territorios de diez comunidades autónomas –Illes Balears, Castilla y León, Canarias, Cataluña, La Rioja, Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha– tras 26 sucesos registrados entre el 25 de marzo y el 22 de junio de 2025. Estas emergencias, notificadas al Centro Nacional de Emergencias (CENEM), incluyen accidentes con mercancías peligrosas, fenómenos meteorológicos adversos, inundaciones, incendios industriales, incendios forestales y contaminación marítima.

Entre los eventos destacados figuran dos episodios de vientos intensos en Menorca y fenómenos costeros en Mallorca a finales de marzo; un accidente con mercancías peligrosas en Zamora el 3 de abril; inundaciones en Lanzarote el 12 de abril; filtraciones en la Presa de Rialb (Lérida) el 22 de abril; e incendios en industrias químicas de La Rioja, Barcelona y Sevilla en mayo. Además, Mallorca sufrió tres episodios de lluvias torrenciales entre el 8 y el 13 de mayo, mientras Galicia enfrentó una doble emergencia por contaminación marítima en Muros (La Coruña) los días 13 y 14 de mayo.

En junio, Castilla-La Mancha registró incendios forestales en La Puebla de Almoradiel y Menasalbas (Toledo) y Riópar (Albacete), seguidos de inundaciones. En Valladolid (3 de junio), tormentas en Soria (11 de junio) y Zaragoza-Teruel (14 de junio), y un incendio en la zona militar de Chinchilla (Albacete) el 16 de junio. El último evento fue un incendio forestal en Zalamea la Real (Huelva) el 22 de junio.

El acuerdo, impulsado por el Ministerio del Interior, activa ayudas directas para paliar daños personales, pérdidas en viviendas y enseres, gastos de corporaciones locales y perjuicios en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios. También incluye exenciones de tasas por la Jefatura Central de Tráfico para gestiones como duplicados de permisos de circulación o bajas de vehículos siniestrados.

Otros ministerios –como Hacienda, Trabajo y Economía Social, e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones– podrán aplicar beneficios fiscales, medidas laborales y apoyos adicionales a corporaciones locales. La declaración permite además acelerar las obras de reparación en infraestructuras públicas dañadas, bajo el principio de solidaridad interterritorial.