Gobierno convoca 1.004 plazas para jueces y fiscales en proceso de estabilización para cumplir con Europa

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado la convocatoria de 1.004 plazas (673 para jueces y 331 para fiscales) mediante un proceso extraordinario de estabilización por concurso-oposición. Esta medida, incluida en el Proyecto de Ley Orgánica para la ampliación de las Carreras Judicial y Fiscal, se concretará durante su tramitación parlamentaria y se ejecutará en un plazo máximo de dos meses tras su entrada en vigor.

Durante la inauguración de la jornada "La reforma de la carrera judicial y fiscal: las nuevas propuestas" en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), Bolaños ha subrayado que la iniciativa responde a los estándares europeos sobre temporalidad laboral en el ámbito judicial, según la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. España ha recibido dos advertencias de la Comisión Europea por incumplimiento, y de no abordarse esta estabilización, enfrentaría sanciones.

Estas plazas se suman a las cerca de 1.500 que se convocarán en los próximos tres años, constituyendo la mayor apuesta gubernamental en décadas para reforzar el sistema judicial. La reforma persigue tres objetivos: garantizar igualdad de oportunidades, modernizar el acceso y reducir la temporalidad.

Entre las innovaciones, se blindarán legalmente las becas SERÉ para opositores, con una cuantía mínima equivalente al Salario Mínimo Interprofesional y duración de hasta cuatro años. El Centro de Estudios Jurídicos asumirá como red pública de preparación de oposiciones con implantación territorial, facilitando el acceso a personas sin recursos o fuera de grandes ciudades.

Además, se revisará el modelo de selección del siglo XIX, incorporando una prueba escrita anonimizada que evalúe razonamiento jurídico y la grabación íntegra del examen oral para asegurar transparencia. La reforma incluye medidas como la regulación de preparadores de opositores y la prohibición de financiación privada de asociaciones judiciales.