El Gobierno de Castilla-La Mancha defiende un modelo de financiación autonómica que garantice la prestación de los servicios públicos en igualdad de oportunidades

>> La intención es que la propuesta sea lo más consensuada posible, según ha afirmado Esther Padilla

La portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, ha adelantado que desde la Consejería de Hacienda se está preparando una propuesta de resolución de cara a la Conferencia de Presidentes para solicitar que las decisiones del Estado que afecten a ingresos y gastos de las comunidades autónomas “vayan acompañadas de una memoria económica sobre su impacto en las finanzas de las autonomías y cómo compensarlo en su caso”.

Además, Padilla ha distinguido la infrafinanciación que sufren algunas comunidades “de la necesidad de aprobar un nuevo modelo de financiación”, por lo que ha defendido “que nuestra postura es nítida. Queremos un modelo justo que garantice la prestación de servicios públicos y que antes se liquide la cuenta pendiente con la Comunidad Autónoma porque es una cuestión de justicia, además de hacerlo de manera consensuada”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha defiende un modelo de financiación autonómica que garantice la prestación de los servicios públicos en igualdad de oportunidades
Objetivo CLM
Miércoles, 24/01/2024 | Toledo | Región | Sociedad, Política, Economía

La consejera Portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha defendido hoy la necesidad de reformar el actual modelo de financiación de las comunidades autónomas, de modo que garantice la prestación de los servicios públicos en igualdad de condiciones, se resida donde se resida, y ha abogado “por hacerlo desde el consenso”.

En la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, Padilla ha manifestado que la reforma del modelo que establece esta financiación es “esencial” y ha recordado que, “ayer mismo, nuestro presidente regional, Emiliano García-Page, defendía la necesidad de que se lleve a cabo cuanto antes para hacer frente a los desafíos de las competencias autonómicas en los próximos años”.

La consejera ha incidido en la necesidad de “corregir” la infrafinanciación que sufre Castilla-La Mancha y que el reparto se realice en función del coste real de los servicios públicos, “de manera que los ciudadanos tengamos los mismos derechos vivamos en comunidades con mayor población o en comunidades más rurales como es Castilla-La Mancha, con una población dispersa, cuya atención, como es lógico, requiere muchos más recursos que en otros territorios”.

Además, ha señalado que “lo que pedimos al PP de Castilla-La Mancha es consensuar esta propuesta en las coordenadas que ya se marcaron por unanimidad en el Parlamento autonómico, en el año 2019, porque cabe recordar que las Cortes regionales se pusieron de acuerdo en los puntos a defender”.

“Lo que le pedimos al PP es que la deslealtad con nuestra región que le hemos visto en otras materias como el agua o con el ATC, al que afortunadamente ya se ha dado carpetazo definitivo, no se repita con la financiación autonómica”, ha solicitado la portavoz del Ejecutivo autonómico, quien ha recalcado que el Gobierno de Castilla-La Mancha “reivindica una financiación equitativa y justa en el país para que los españoles y las españolas tengan igualdad de oportunidades vivan donde vivan”.

Ha defendido también Padilla que “es necesario un giro de 180 grados en el modelo de financiación para que se tenga en cuenta el coste de mantener la educación, la sanidad o los servicios sociales en una región como la nuestra” y, para ilustrarlo, ha expuesto que “en el Paseo de la Castellana en Madrid viven cerca de 20.000 personas, el doble que en toda la Serranía de Cuenca y no hay centro de salud, mientras que la Serranía de Cuenca necesita siete”.

Del mismo modo, se ha referido al informe elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) que recoge que Castilla-La Mancha es una de las cuatro comunidades peor financiadas junto a Andalucía, Murcia y Valencia. En este sentido, ha lamentado que “lo que está haciendo el PP de nuestra región es utilizar a los expertos para intentar equivocar a los ciudadanos y sacar rédito político”.

“Ayer el presidente García-Page lo volvió a explicar claro y hoy lo volvemos a repetir. Es preciso reformar el modelo de financiación autonómica, pero antes lo que queremos es que se liquide esa deuda por el procedimiento de consenso con el Estado. Y eso lo pueden reclamar Andalucía, Murcia o la Comunidad Valenciana que también están perjudicadas por el modelo de financiación. Sin embargo, no podemos atender la petición del presidente del PP de Castilla-La Mancha de alinearnos con esas comunidades porque nuestros intereses son opuestos”, ha señalado.

Asimismo, la portavoz del Ejecutivo autonómico ha recordado que “el presidente García-Page ha tejido alianzas desde hace tiempo con regiones de diferente signo político con las que compartimos objetivos”, si bien ha rechazado “ponernos al lado de comunidades que tienen intereses contrapuestos porque lo que pide el Gobierno de García-Page es más dinero por el coste real de los servicios públicos”.

En resumen, la consejera ha insistido en que “lo que planteamos desde el Gobierno de Castilla-La Mancha es reivindicar una financiación autonómica justa que garantice la prestación de servicios públicos en igualdad de oportunidades y que antes se liquide la cuenta pendiente con la Comunidad Autónoma porque es de justicia”.

Esther Padilla ha apuntado también que “nos gustaría poder realizar esa reclamación con una postura de consenso como región”, a la que “todavía está a tiempo de unirse el PP de Castilla-La Mancha, de no perder esa oportunidad de ponerse al lado de los intereses de los castellanomanchegos y castellanomanchegas”.

De igual modo, la consejera ha informado de que el Gobierno de Castilla-La Mancha, concretamente desde la Consejería de Hacienda, “está preparando una propuesta a modo de resolución de cara a la Conferencia de Presidentes para que cuando el Estado tome una decisión que afecte a ingresos y gastos de las comunidades autónomas, ésta vaya acompañada de una memoria económica sobre su impacto en las finanzas de las mismas y cómo compensarlo en su caso”.

“Tanto si afecta a los gastos, como la Ley de Universidades, como a los ingresos, como son las modificaciones del IVA en determinados productos en los que las comunidades autónomas tenemos una participación del 50 por ciento”, ha concluido la portavoz regional.

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