Estacionalidad y colectivos vulnerables en la subida del paro de agosto

  • CSIF denuncia que el Ejecutivo autonómico ha otorgado una nueva subvención a CCOO, UGT y Cecam por valor de 4,1 millones bajo el epígrafe ‘Fomento del Empleo’
  • El montante total de estas ayudas a las tres organizaciones alcanza los 51,9 millones de euros desde 2014, cantidad que debe ser reintegrada a las arcas públicas

Objetivo CLM
Viernes, 02/09/2022 | Región | Portada, Sociedad, Economía

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lamenta la subida del número de desempleados, 1.394, al término del mes de agosto, que eleva a 142.495 personas la cifra total de parados en Castilla-La Mancha, de acuerdo a los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social publicados hoy.

A pesar de que el dato interanual continúa siendo positivo, con 20.257 parados menos, es la segunda subida consecutiva del desempleo en la región. Además, el mercado laboral continúa destruyendo mayoritariamente empleo femenino, que representa el 64,4% del total de parados, y el desempleo joven aumenta en 332 personas.

A esta desprotección que padecen los colectivos más vulnerables en materia laboral se suma la continúa pérdida de poder adquisitivo, con bajos salarios dentro de una crisis que afecta directamente a los precios y provoca el empobrecimiento generalizado de la sociedad.

Asimismo, la fuerte pérdida de afiliación a la Seguridad Social en agosto, 10.691 bajas, muestra la temporalidad subyacente y uno de los grandes problemas que presenta el mercado laboral de Castilla-La Mancha: la estacionalidad.

Para CSIF, es desconcertante que dentro del actual escenario de empobrecimiento social, el Gobierno regional que preside García-Page continúe subvencionando a CCOO, UGT y Cecam: tras los 4,1 millones de euros otorgados a finales de julio, el montante total que han percibido estas tres organizaciones desde 2014 en Castilla-La Mancha asciende a 51.963.294 millones de euros.

La Central Sindical reclama que esta cantidad se revierta a las arcas públicas para ser destinada a los colectivos más vulnerables, a la creación de empleo estable, al fortalecimiento de los servicios públicos y a la recuperación de derechos perdidos. Utilizar el dinero público para subvencionar a organizaciones afines bajo el pretexto de fomento del empleo es condenable.

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