Destinados 3,5 millones para libros de texto y material didáctico en centros públicos de Castilla-La Mancha

El Gobierno de España ha asignado 3.530.226 euros a Castilla-La Mancha para la compra de libros de texto y material didáctico en centros educativos públicos y concertados durante el curso 2024-2025. La cifra forma parte de un fondo nacional de 58,5 millones de euros aprobado este martes en el Consejo de Ministros, al que se suman 1,4 millones adicionales para Ceuta y Melilla, según ha informado el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Equidad educativa y apoyo a familias vulnerables

El objetivo principal de estas ayudas, que han pasado de 48,5 millones en 2018 a los 58,5 millones actuales, es “compensar situaciones socioeconómicas desfavorables” y garantizar “equidad en la educación”, según el Ejecutivo. Los fondos se distribuirán en función de dos criterios: la tasa de riesgo de pobreza de cada comunidad autónoma y el número de alumnos matriculados en Educación Primaria, ESO (incluida FP Básica), Bachillerato y FP de Grado Medio y Superior.

Castilla-La Mancha, que recibirá la partida correspondiente a su demografía y necesidades, podrá destinar parte de los recursos a Bachillerato y Formación Profesional, aunque el foco principal son las etapas obligatorias. El Ministerio ha invertido 380 millones de euros en este programa desde su refuerzo en 2022.

Cobertura y alcance del material

Las ayudas cubren la adquisición de materiales en todo tipo de soportes, incluido el digital, y están dirigidas a centros sostenidos con fondos públicos. “Garantizamos igualdad de oportunidades independientemente del nivel económico de las familias”, ha subrayado el Ministerio en un comunicado, sin especificar el número de beneficiarios directos en la región.

Contexto nacional y distribución autonómica

El cálculo del reparto, que prioriza comunidades con mayor índice de pobreza infantil, refleja el compromiso del Gobierno con la reducción de brechas educativas. Además de Castilla-La Mancha, comunidades como Andalucía, Extremadura y Canarias –con tasas de riesgo de pobreza superiores al 30%– recibirán las mayores partidas, aunque el documento no detalla cifras por autonomía.