Debate en Tomelloso sobre inmigración irregular y municipalización del barrio San Juan protagoniza el pleno de octubre

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Tomelloso en octubre ha estado marcado por tres asuntos principales: la municipalización del barrio San Juan, las políticas de inmigración irregular y la modificación de diversas tasas fiscales. Aunque la municipalización del barrio fue aprobada por unanimidad, el debate sobre la inmigración y el ajuste de tasas fiscales ha generado tensiones entre el equipo de gobierno (PP y Vox) y la oposición.

Uno de los momentos más destacados fue la aprobación unánime del convenio que permitirá la municipalización del barrio San Juan, un logro histórico tras treinta años de lucha vecinal. El alcalde, Javier Navarro, destacó la importancia de este avance como "una demanda justa de los vecinos" y un punto de partida para mejorar la convivencia en la zona. La asociación de vecinos también celebró la municipalización, calificándola como "un reto social necesario" que evitará la degradación del barrio.

Sin embargo, las políticas de inmigración irregular dividieron a los miembros del pleno. El equipo de gobierno presentó una moción pidiendo al Gobierno de España que revoque su "política de puertas abiertas" respecto a la inmigración irregular y que aumente la dotación de fuerzas de seguridad en la localidad. Mientras que PP y Vox insistieron en que la moción no va en contra de la inmigración legal, el PSOE la criticó duramente, tildándola de "racista y xenófoba" por vincular inmigración irregular y delincuencia. El PSOE intentó desglosar los puntos de la moción para votarlos por separado, pero su solicitud no fue admitida por no haber presentado una enmienda.

En cuanto a las tasas fiscales, se aprobaron varias modificaciones, entre ellas la reducción del tipo impositivo del IBI de rústica y la bajada de la tasa de terrazas. No obstante, la tasa del agua ha generado discrepancias, pues el equipo de gobierno argumentó que su aumento es consecuencia directa del canon impuesto por la Junta de Comunidades, una postura que fue rechazada por la oposición socialista.