CSIF reclama la jubilación anticipada y el desarrollo de la carrera profesional en la Administración autonómica

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama la jubilación anticipada y voluntaria y la carrera profesional horizontal para todos los empleados públicos de la Administración General de la comunidad autónoma y sus organismos autónomos.

La jubilación anticipada y voluntaria supone un derecho fundamental para empleados públicos con trabajos con penosidad, entre ellos especialmente los de ámbito sanitario y sociosanitario. CSIF reclama la jubilación a los 60 años, sin penalización, y apoya a diferentes asociaciones y plataformas, ya que la labor que el personal dedicado a la atención de mayores y dependientes desarrolla de manera diaria precisa de este reconocimiento.

Por otra parte, la carrera profesional, que ya está recogida en la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, y que está implantada en distintas comunidades, “sigue sin cumplirse año tras año, continúa sin desarrollarse mientras los empleados públicos de la región siguen perdiendo poder adquisitivo”, sostiene Joaquín Sánchez, presidente del Sector de Administración General de la comunidad autónoma de CSIF Castilla-La Mancha.

Para CSIF, la carrera profesional del personal laboral y funcionario de la Junta es una medida necesaria para paliar los efectos de la inflación, con Castilla-La Mancha constantemente a la cabeza de la subida de precios y con una pérdida de poder adquisitivo superior al 20% desde 2010. De hecho, el acuerdo entre los sindicatos de clase y el Gobierno central del pasado mes de octubre (6+1,5 variables a tres años) ni siquiera corrige la inflación de este año.

Así, “por dignidad con los empleados públicos de esta región, la Junta de Comunidades debe simplemente cumplir con la Ley 4/2011 en lugar de que los empleados públicos sean los que siempre paguen las crisis”, señala Sánchez.

Además, CSIF lamenta que el Gobierno regional no dé ejemplo: mientras aumenta su estructura institucional, con un total de 136 altos cargos que perciben en su conjunto más de 9 millones de euros al año; mientras aprueba la consolidación de estos altos cargos con un complemento vitalicio cuando se reincorporen a su puesto de trabajo; mientras subvenciona a CCOO y UGT con más de 37,2 millones de euros, derechos fundamentales siguen aplicarse. “Parece que sólo hay carrera profesional para los políticos, altos cargos y asesores”, añade Sánchez.