CSIF reclama la implicación de las administraciones para acabar con la lacra de la siniestralidad en la región

Con motivo del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se celebra mañana, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la elevada e insostenible siniestralidad que se padece en Castilla-La Mancha y reclama medidas urgentes por parte de las diferentes administraciones para acabar con esta lacra.

El responsable autonómico de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF, Carmelo Gómez, subraya que “Castilla-La Mancha es un punto negro en siniestralidad laboral, se ha dejado de lado la prevención. Es una cuestión de implicación en un problema de primer orden, no basta con los anuncios ni las promesas”.

Entre enero y febrero, de acuerdo a los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, fallecieron doce personas y se registraron un total de 5.178 accidentes de trabajo. En 2021 se produjeron 31 accidentes mortales; en 2020 la cifra ascendió hasta los 52 accidentes mortales, la más alta desde 2006 cuando se registraron 80 fallecimientos.

Entre las soluciones, Gómez destaca la necesaria dotación de recursos humanos y materiales dentro de un cuerpo autonómico de técnicos de prevención de riesgos laborales; aumento de la vigilancia y sanciones a las empresas que no cumplan las normas, así como educación social en esta materia.

Asimismo, sobre el proyectado Acuerdo Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales de Castilla-La Mancha 2022-26, que el Gobierno regional firmará con CCOO, UGT y Cecam, Gómez cuestiona si estas organizaciones recibirán nuevas subvenciones públicas: “Ya las han recibido en el pasado asociadas al asesoramiento, divulgación y difusión en materia de Prevención de Riesgos Laborales, han percibido cantidades que tristemente no han servido para reducir la siniestralidad. Entre las tres organizaciones han recibido más de 46,5 millones de euros del Ejecutivo autonómico”.

En este sentido, CSIF incide en la necesidad de invertir los recursos públicos en una evaluación de riesgos que tenga en cuenta los cambios que puedan sufrir las capacidades funcionales de la persona y modificar el trabajo y el entorno de trabajo para hacer frente a esos cambios. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2021, el mercado de trabajo continúa envejeciendo, llegando los ocupados mayores de 55 años a los 4.026.600, en 5 años la tendencia ha aumentado en 1 millón.

Dado que las personas trabajan durante más tiempo, la gestión de la seguridad y salud en el trabajo para profesionales de edad avanzada debe convertirse en una prioridad. Además, la acelerada transformación digital ha generado dificultades en la adaptación a los trabajadores de edad avanzada.

Por ello, con el objetivo de proporcionar a los trabajadores una vida laboral segura que acabe en una jubilación saludable, CSIF realiza las siguientes propuestas y reivindicaciones:

• Incluir la edad en el registro de siniestralidad laboral
• Gestión adecuada de plantillas multigeneracionales
• Integrar la variable ‘edad’ en las evaluaciones de riesgo y sus medidas
• Diseño de puesto psicosocialmente saludable a cualquier edad
• Planes para seleccionar, retener y optimizar el talento
• Promover el envejecimiento saludable desde el comienzo de la vida laboral
• Consideración en ciertos casos como trabajadores especialmente sensibles
• Utilización de métodos adecuados para la formación de adultos y de las personas trabajadoras mayores.
• Adaptar el proceso de aprendizaje a los profesionales de más edad
• Vigilancia de la salud y programas de promoción de la salud en el trabajo
• Facilitar el acceso a los turnos de día para mayores de 55 años
• Favorecer la jubilación anticipada en aquellos colectivos cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de mortalidad