La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) rechaza la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que entra hoy en vigor, por no dar soluciones a la universidad del siglo XXI y por no mejorar los problemas de precariedad, inestabilidad y temporalidad del Personal Docente e Investigador (PDI) y del nuevo Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS).
Considerada por la inmensa mayoría como "una oportunidad perdida", la LOSU ha sido calificada negativamente por todos los colectivos universitarios: profesores, investigadores, personal de administración, estudiantes, rectores, sindicatos, consejos sociales...
Para CSIF, la LOSU desvertebra el Sistema Universitario Español, resulta de imposible cumplimiento al no ir acompañada de financiación y afectará negativamente al funcionamiento de las universidades, ya que generará incertidumbre e inestabilidad.
Además, se ha llevado a cabo sin negociación y sin consenso: sin el acuerdo de la comunidad universitaria, sin el compromiso de las comunidades autónomas, sin el refrendo sindical, sin los informes del Consejo de Universidades y del Consejo de Estado.
De hecho, ha sido planteada sin compromiso de financiación: el objetivo del 1% del PIB es una mera declaración de intenciones, no presenta Memoria Económica, incrementará los costes y no recoge financiación ni partidas presupuestarias concretas para estabilización o renovación de plantillas de PDI ni para el PTGAS, nueva denominación del Personal de Administración y Servicios (PAS).
El resultado de este nuevo ordenamiento es la fragmentación en 17 partes del Sistema Universitario Español: cada comunidad autónoma presentará diferentes y variadas tipologías de profesorado, de becas, de acreditaciones, de tasas, de estatutos, de claustros, favoreciendo las desigualdades y la falta de equidad y homogeneidad. No en vano, limita la autonomía universitaria al otorgar a las comunidades autónomas la aprobación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de PDI y PTGAS.
Precariedad de PDI y PTGAS
Para el PDI, la LOSU promueve la perniciosa doble vía paralela, funcionarial y laboral, que fomentará duplicidades y frenará la movilidad, incrementando la precariedad, la discriminación y las desigualdades entre colectivos. Tampoco resuelve la temporalidad ni asegura la estabilidad. No ofrece garantías de continuidad, ni financiación específica para la estabilización, lo que hace imposible llegar al 8% de temporalidad. El paso de los Asociados a contratos indefinidos no es una estabilización real y efectiva.
Asimismo, la LOSU también cronificará la precariedad generando problemas a Asociados, Ayudantes Doctores, Visitantes y Sustitutos. Al topar a 120 horas, habrá problemas con la docencia y reducción de retribuciones para los profesores Asociados. Genera temor a despidos masivos en los concursos.
Para el PTGAS, la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario supone un texto poco ambicioso, muy generalista y que se limita a recoger lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público. Es más, el PTGAS pierde peso en el Claustro a costa del aumento de la representación de los estudiantes.
También fomenta la politización de las universidades, permitiendo en el artículo 45.2 g el posicionamiento político e ideológico de los claustros y acabando con la neutralidad en los campus.
Por último, CSIF incide en que la LOSU no atiende las necesidades de la sociedad: no incrementa la participación de la sociedad en las universidades, renuncia a superar la falta de transparencia y rendición de cuentas y disminuye las competencias de los Consejos Sociales. De hecho, propugna un presidencialismo excesivo, implicando déficits democráticos y generando incertidumbre y crisis institucionales en el medio plazo.
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