Según CSIF, Castilla-La Mancha pierde más de 8.800 cotizantes en la Administración Pública

>> La región acumula cinco meses consecutivos de subida del desempleo

  • La pérdida de trabajadores en las administraciones públicas redunda en el deterioro progresivo de los servicios que reciben los ciudadanos

 

 

Según CSIF, Castilla-La Mancha pierde más de 8.800 cotizantes en la Administración Pública
Objetivo CLM
Lunes, 04/12/2023 | Toledo | Región | Sociedad, Economía

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lamenta la subida del número de desempleados en Castilla-La Mancha, con 933 parados más, que convierte a la región en la tercera comunidad autónoma, por detrás de Castilla y León y Baleares, en la que más puestos de trabajo se han destruido en noviembre, de acuerdo a los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

CSIF incide en los síntomas de agotamiento del mercado laboral de la región tras cinco meses consecutivos de subida del paro, con un balance negativo de 9.355 parados más, además de ser el peor noviembre desde 2017. A ello se suma que el paro femenino supuso el 76% de todo el empleo destruido en noviembre.

Además, la afiliación a la Seguridad Social en la Administración Pública perdió 8.842 cotizantes en la región, una bajada que responde al envejecimiento de las plantillas y a la conclusión de los diferentes planes de empleo.

Desde CSIF se incide en la necesidad de agilizar los procesos selectivos y al estudio de las carencias y deficiencias en las administraciones locales para la convocatoria de procesos selectivos amplios. No en vano, la Central Sindical subraya la importancia de los servicios públicos para acabar con las desigualdades y proteger a los colectivos más vulnerables.

La pérdida de trabajadores en las administraciones públicas redunda en el deterioro progresivo de los servicios que reciben los ciudadanos en todos los ámbitos.

En este sentido, CSIF vuelve a reclamar la devolución de las subvenciones concedidas por el Gobierno regional a CCOO, UGT y Cecam, que ya ascienden a 59,6 millones de euros. Estas cantidades deberían ser utilizadas para fortalecer los servicios públicos y crear empleo estable en lugar de subvencionar a organizaciones afines al Gobierno.

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