Corrupción, Moral y Derecho. Bárcenas, Eres, Palau, o el Mito de Protágoras.

Hay un pasaje que se recoge en La República de Platón, en el que se formula esta pregunta: si tuvieras un anillo que pudiera hacerte invisible, ¿robarías, engañarías, llegarías a matar?, o por el contrario, ¿harías el bien sin importarte para nada ser alabado por tu conducta moral?  La respuesta polariza una concepción antropológica dividida entre quienes piensan que el ser humano es corrupto por naturaleza y por ello hay que aplicar leyes y amenazar con el castigo de manera permanente, y los que opinan que el hombre es bueno por naturaleza, que optará por elegir el bien, y que en todo caso son las instituciones las que lo corrompen.

     El mito de Protágoras contaba una historia en la que se venía a probar que no hay ciudad posible sin ciudadanos dotados de virtud política. Podía sobrevivir la ciudad con que en ella, solo algunos conocieran la medicina o la música, porque esos pocos bastaban para atender la salud o entretener el ocio de la comunidad entera. Pero como no todos poseyeran el sentido del respeto y la justicia, sus habitantes se destrozarían entre sí y la ciudad estaría perdida. Esa condición tan imprescindible para la vida en común no nos la entrega graciosamente la naturaleza, sino que la conquistamos solo por la educación y el ejercicio. Por eso, a quien le faltaba, se le achacaba un defecto culpable que había de ser tratado como una enfermedad.

      Cuando hablamos de Derecho y Moral, tomamos conciencia de inmediato de su necesidad en nuestras vidas, pero es conveniente una reflexión previa. Debemos tener en cuenta que surgen tres problemas: ciencia, ciencia jurídica y derecho natural, porque es el resultado de unos conocimientos que son necesarios para organizar la sociedad, pero insertados en  convicciones éticas.

      Tenemos pues que preguntarnos, si encierra la experiencia jurídica una tarea científica. El problema es que la ciencia no debe incluir juicios de valor y si queremos hacer ciencia con el derecho, no podemos enjuiciar conductas de antemano. Sin embargo, lo que hace la ciencia jurídica, es tipificar previamente los actos de la conducta humana, determinando lo ajustado a derecho y lo punible. Es como si un físico condenara a los objetos que caen al suelo por efecto de la Ley de gravedad, porque los considerara maniobras malignas. De manera que la validez en derecho, no puede apoyarse en una verdad objetiva, porque termina plegándose a la voluntad del legislador, jueces e intérpretes en general y por tanto caemos en el terreno de la opinión. En otras palabras, las normas que se dictan, desde un punto de vista del conocimiento científico, serían nulas por no ajustar sus parámetros con el rigor que exige la ciencia.    
      Si sostenemos por tanto, que es imposible una justicia procesal perfecta impartida en los Tribunales, es decir, con los parámetros de las ciencias duras como las matemáticas o la física, tenemos que renunciar al intento de hacer de la tarea judicial algo infalible como si se tratara de las tablas de multiplicar. Cuando erramos en una operación aritmética por ejemplo, no culpamos a las tablas, sino al fallo humano, y en ese caso, se revisa hasta detectarlo.

     Se impone pues una antropología previa porque hay que preservar la dignidad humana y su condición de animal social. Ahora bien, el hombre natural ideal, pese a que está ligado a la coexistencia y a la cultura, ni se da en la sociedad, ni vive entre nosotros. No hay ciudadano perfecto.

     La Moral en sentido etimológico alude a las costumbres y la Ética al adiestramiento de un carácter para forjarse en la virtud. El ideal griego era formación de hombres libres y el del pueblo romano más pragmático, la organización de Instituciones, vinculando al hombre  a la colectividad.

      En la actualidad, moral y ética constituyen ámbitos de estudio diferenciados. La moral se centra en pautas, criterios, normas y valores que dirigen nuestro comportamiento y nos permite saber cómo actuar en situaciones concretas. La ética es la reflexión teórica sobre la moral y persigue su fundamentación.  Ahora bien, la cosa se complica cuando introducimos en el discurso la distinción entre los términos: moral, amoral e inmoral. El concepto de lo moral es intuitivo: actuamos con arreglo al uso y costumbres sociales y obviamente en el día a día, no nos pasamos la vida especulando, y conducimos nuestras vidas  con arreglo al marco de valores en el que hemos sido educados.

     La definición del Diccionario de la Real Academia que da a los  términos de amoral, (persona desprovista de sentido moral), y de inmoral, (que se opone a la moral o a las buenas costumbres), tal vez necesite un ejemplo inspirado en la vida cotidiana. Un hombre y una mujer que se emparejan y actúan libremente, mantienen una relación con arreglo a lo moral; el hombre o la mujer que se aprovechan de una situación de necesidad de cualquier tipo para lograr los favores sexuales del otro, conlleva un comportamiento inmoral. La persona que paga por el comercio carnal de la prostitución, actúa amoralmente. En la conducta amoral, buscamos un pretexto que nos damos a nosotros mismos, un razonamiento de conformidad (muchas personas acuden a prostíbulos, por ejemplo); por el contrario en la inmoralidad actuamos a sabiendas de que nuestra manera de proceder es injusta y por tanto carece de  justificación alguna.

   Así pues, Derecho y Ética nos conducen a reglas de comportamiento producidas por la cultura, por la sociedad. En el plano moral,se difieren de las normas legales en el sentido de que éstas obedecen a un conjunto normativo que crea como punibles determinadas conductas. Una persona  libertina es juzgada, linchada y puesta en boca en comentarios de corrillos, pero no por ello comete delito y por tanto, no puede ser sancionada penalmente su conducta. De la misma manera se diferencian de las normas religiosas en el sentido de que  obrar en contra de sus preceptos te aleja de la gracia divina, pero no por ello se aplica sanción legal alguna. Pensemos a modo de ejemplo en el hecho de no confesarse y comulgar para los católicos.

       El nepotismo que ejercen los poderes públicos puede trampear la ley, pero es un acto inmoral que altera las reglas de juego. Las desigualdades entre territorios de un mismo Estado promovidas por intereses electorales y formaciones nacionalistas, se ajustan a la legalidad vigente, pero son injustas éticamente.

       La legalidad es un atributo y un requisito del poder. Un poder legal nace y se ejerce en concordancia con las leyes, por ello, formalmente, la legitimidad no existe como algo separado. Cuando abordamos estas cuestiones nos adentramos en el terreno de la ética, y ya Platón nos advirtió que la ley jamás podrá prescribir con precisión lo que es mejor y más justo para todos. La legitimidad y la legalidad descienden al terreno práctico de la moral no cuando desde el formalismo  confrontamos al Derecho Natural con el positivismo jurídico (lo justo filosóficamente frente al derecho que se aplica en los Tribunales), sino cuando las normas  dictadas se adecúan a los valores de una sociedad. El tratamiento de favor de blanqueo de dinero procedente de mafias con el objetivo de hacer caja en el Tesoro Público, puede emanar de disposiciones legales debidamente amparadas,  pero carece de legitimidad moral.

     La actualidad política española nos hace reflexionar sobre el mito de Protágaras: ciudadanos profesionales de la política, sin virtud alguna, sin forjarse un carácter para ejercer el bien, que nos conducen a la destrucción y a los que no se les achaca defecto culpable para ser tratados como enfermos. Por eso hemos llegado a la situación que vaticinó Molière: en sociedades corrompidas, las virtudes pasan por vicios, y los vicios por virtudes.

      Escribá de Balaguer afirmó que los pecados del hombre caben en un palmo, el que va del bolsillo a la bragueta. La honradez es cuestión de bolsillo y la honestidad de bragueta. Los políticos y muchos medios de comunicación, se afanan en defender la honestidad de determinados líderes, tal vez como estrategia para no poner la mano en el fuego por la honradez.

      Y es que los próceres de la Patria, educados en la disciplina del partido y en la aquisición de habilidades para ser incluidos en las listas electorales y reparto del poder, han hecho del principio de legalidad, una norma ética deseable, pese a que no puede fundamentarse. El principio de legalidad, solo ha de contemplarse en los tribunales, como regla de juego del Estado de Derecho, es decir, te considero presuntamente inocente, porque tengo que demostrar tu culpabilidad. En política, sin embargo, sigue siendo válida la máxima de la mujer del César no solo ha de serlo sino además parecerlo. A nadie se le exige que siga considerando a su pareja fiel, pese a las evidencias, hasta que no la sorprenda en la cama con el amante. Sencillamente, hay cosas que se pueden probar en la vida cotidiana y cosas que no (recordemos que el Derecho no es una ciencia concebida para verificar leyes universales en la naturaleza), y los ciudadanos debemos exigir a los políticos ejemplaridad.

     La presunción de inocencia, no debe ser fundamentada éticamente en política, y el positivismo jurídico (el que se imparte en los Tribunales) tiene que tener su Pepito Grillo, de esta forma, músicos y médicos, en tiempos de crisis, se bastan para mantener la supervivencia de la sociedad.

    Antonio Román Sánchez-Filósofo