La Dirección General de Consumo, adscrita al Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, ha incoado un expediente sancionador contra una plataforma de alquiler de pisos turísticos tras comprobar que no ha retirado miles de anuncios que incumplen la normativa vigente.
La investigación comenzó en el mes de junio con un requerimiento de información a diversas plataformas para conocer los detalles de las viviendas anunciadas en sus portales. Posteriormente, Consumo envió una orden de cese inmediato a una de las plataformas al detectar que múltiples anuncios carecían del número de licencia obligatorio, entre otros incumplimientos del Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
Al constatar que la empresa no ha retirado los anuncios irregulares, Consumo ha iniciado el expediente sancionador. Según establece la normativa, las prácticas detectadas podrían ser consideradas infracciones graves, con sanciones que alcanzan los 100.000 euros y que, en ciertos casos, pueden ascender entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido. Desde la Dirección General subrayan que la apertura del expediente no prejuzga la resolución final.
Los anuncios investigados abarcan varias comunidades autónomas y, según el organismo, suponen un posible riesgo para los intereses de los consumidores al incurrir en publicidad ilícita y prácticas comerciales desleales. Estas irregularidades violarían la normativa sectorial, especialmente en lo referente a la falta de licencia obligatoria para los alojamientos turísticos ofertados.
Esta acción se enmarca en las iniciativas impulsadas por el ministro Pablo Bustinduy, quien mantiene la vivienda como prioridad de su agenda. Hace apenas una semana, el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo anunció otra investigación dirigida a las grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas.
Asimismo, Consumo mantiene abierta una investigación contra agencias inmobiliarias por prácticas abusivas que afectan a los inquilinos, como comisiones indebidas, cláusulas abusivas o contratos temporales sin justificación.
El ministro Pablo Bustinduy ha reiterado que la crisis de la vivienda es "uno de los principales problemas del país" y ha señalado que "ninguna empresa, por grande o pequeña que sea, puede estar por encima de la ley". Según sus declaraciones, el objetivo es proteger a las familias afectadas por modelos de negocio que "expulsan a las personas de sus hogares".
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