El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado que investigará a empresas que publicitan en España servicios prestados o productos elaborados en los territorios palestinos ocupados por Israel. Esta medida se enmarca en el Real Decreto-ley 10/2025, aprobado la semana pasada por el Gobierno para adoptar medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina.
El artículo 4 de esta norma prohíbe expresamente la publicidad de bienes y servicios procedentes de estos territorios ocupados, con el objetivo de limitar el desarrollo de negocios en dichas áreas. La Dirección General de Consumo será la encargada de realizar las investigaciones sobre empresas que podrían estar aprovechándose de la ocupación, tal y como señaló el informe publicado en julio por Francesca Albanese, relatora especial de la ONU, titulado «De la economía de la ocupación a la economía del genocidio».
El ministro Pablo Bustinduy ya avanzó durante la presentación del acto «Alianzas y acciones ante el genocidio en Palestina», el pasado mes de julio, que su departamento iba a "poner todos los recursos que sean necesarios" para garantizar que "ninguna empresa que opere en España tenga sus cuentas de resultados manchadas con la sangre del pueblo palestino". Con este nuevo anuncio, se avanza en el objetivo de que "cualquier empresa con actividad en España abandone toda operación vinculada a la ocupación israelí, ya sea directa o indirectamente".
Desde el ministerio se considera que mantener esta oferta de servicios en España contribuye a "perpetuar los esfuerzos coloniales y el genocidio de Israel". Los negocios que se lucran de la ocupación son considerados una actividad ilícita por el derecho internacional. El informe de Albanese también recoge que, en base a esto, la fiscalía de Países Bajos está estudiando denuncias sobre esta actividad por posibles incumplimientos de la normativa de blanqueo de capitales.
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