La huelga de examinadores de tráfico deja ya casi 800 afectados en Ciudad Real y provincia

La huelga de examinadores de Tráfico que comenzó a nivel nacional el pasado 14 de septiembre, ha causado ya en nuestra provincia que unos 800 aspirantes a examinarse no lo hayan podido hacer, según ha informado hoy el presidente provincial de CSI·F, Rafael Céspedes, durante la concentración de delegados de este sindicato y examinadores de Tráfico, que ha tenido lugar durante unos diez minutos a la puerta de la delegación provincial de Tráfico.

Céspedes ha leído un comunicado en el que se ha informado de la falta de personal, entre otros motivos de esta huelga, que se mantiene ante la ausencia total de negociaciones, convocada por CSI·F, junto con la CGT, y secundado por la Asociación de Examinadores de Tráfico y el sindicato USO, en las tres últimas horas de la jornada laboral, y que ha causado ya que cientos de aspirantes a examinarse no lo hayan podido hacer en la capital, Tomelloso, Alcázar, Valdepeñas, Puertollano, Almadén y Tomelloso.

La pérdida general de derechos sociales, económicos y laborales en Tráfico ha conducido a un deterioro progresivo de los servicios demandados por los ciudadanos y empresas intermediarias, en especial, las pruebas para la obtención del permiso de conducir, ha dicho Céspedes, quien además ha revelado que CSI·F Ciudad Real ha remitido escritos a la Jefatura Provincial de Tráfico y a la Subdelegación del Gobierno por el trato injusto e inconstitucional con el que la Administración aborda este problema, al insistir los responsables en obligar a los huelguistas a desplazarse en el horario que está convocada legalmente la huelga, por lo que con fecha 5 de octubre, el sindicato CSI·F ha promovido una denuncia a la Inspección Provincial de Trabajo por vulneración del derecho de huelga.

Motivos de la huelga

Los motivos de esta larga huelga son: nulo desarrollo de la relación de puestos de trabajo negociada en la Mesa Delegada. La falta de personal ha llegado a cotas insostenibles. Actualmente estamos bajo mínimos, incluso por debajo de las líneas rojas que marcó en su momento la propia DGT de 3.800 funcionarios.

Falta de protección a la integridad física de los examinadores, que en los últimos años se ha cobrado agresiones verbales e incluso físicas, sobrecarga de trabajo en exámenes que no se corresponde con los estándares de calidad, al límite del horario de trabajo y sin respetar los tiempos de descanso, ausencia de una reestructuración del colectivo de examinadores, con la creación de una escala profesional técnica de seguridad vial. Esta escala debería conllevar la convocatoria de oposiciones propias lo que garantizaría la profesionalidad de estos funcionarios para evaluar a los ciudadanos con objetividad.

Para CSI·F, la entrega “in situ” del resultado del examen es fundamental y reivindica que esta entrega sea diferida para acabar con la principal fuente de conflictos y agresiones y la oferta de horas incentivadas fuera de la jornada laboral se haga con el fin de mantener los niveles de trabajo controlados y que no causen problemas en la ciudadanía ni en las empresas de formación.

Por último, se demanda regulación económica de los puestos de examinador, que ponga en valor la responsabilidad y complejidad de su desempeño, así como la implementación de una formación continua.