CSIF denuncia que la inflación del 1,6% ha anulado la subida del 1% para los empleados de la Administración del Estado

Pese a la subida salarial del 1% que el Gobierno ha aprobado para los empleados públicos y que ha sido cobrada en la nómina de julio, correspondiente a los siete meses transcurridos del año, que supone 18 euros mensuales y 126 euros en atrasos en un sueldo medio de la Administración, para el sindicado CSIF y su sector de Administración General del Estado, es claramente insuficiente, ya que la subida del IPC ha sido del 1,6%, la más alta desde 2013; es decir, incluso con esta subida los empleados públicos suman medio punto porcentual de pérdida de poder adquisitivo.

CSIF ha solicitado al ministerio de Hacienda y Función Pública una negociación plurianual que recoja una recuperación salarial de todo lo perdido históricamente por los empleados públicos, desde el 5% de bajada en 2010, impuesto por el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, hasta el 7% aproximado de pérdida en las congelaciones de los posteriores años. A ello habría que añadir la supresión de la paga extraordinaria de Navidad en 2012, si bien se recuperó posteriormente.

CSIF señala que, históricamente, si nos centramos en el periodo de 1992 a 2011, los empleados públicos sufren una pérdida en su poder adquisitivo de treinta y cuatro puntos. Esto nos hace ser firmes en nuestra reivindicación, máxime si hacemos caso a los datos de mejora económica que se registran en el país y así lo reflejan todos los indicadores oficiales.

Negociar subidas

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha anunciado nuevas subidas dentro de la actual legislatura, pero desde CSIF exigimos que no sea una imposición, como este año, y sea negociada y consensuada con las organizaciones sindicales.

Como responsable de la buena imagen de la Función Pública, y en tiempos en que incluso la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, insta a los empresarios a subir los salarios, es hora, a juicio de CSIF de que aborde con sentido de la justicia la recuperación de los derechos esquilmados a los empleados públicos, no solo los de carácter económico. Para CSIF, según el ejemplo que dé el Gobierno, así actuarán las organizaciones empresariales.