Castilla-La Mancha recurrirá el decreto estatal de reparto de menores migrantes por falta de financiación y vulneración competencial

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado hoy presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 2/2025 del Gobierno de España, que establece un sistema obligatorio de reparto de menores extranjeros no acompañados. La decisión, respaldada por un informe favorable del Consejo Consultivo, responde a la ausencia de financiación para asumir 500 menores adicionales y a la invasión de competencias autonómicas en protección de menores.

La consejera Portavoz, Esther Padilla, ha subrayado que el decreto estatal se ha aprobado "de manera unilateral" y con "financiación cero", imposibilitando atender a los menores "en condiciones dignas". "Acoger no es solo abrir la puerta, es acoger con dignidad", ha declarado Padilla, añadiendo que el modelo regional "no se basa en grandes centros masificados ni en la deshumanización".

El coste de atender a los 500 menores ascendería a 26,6 millones de euros anuales solo para la Consejería de Bienestar Social, sin incluir gastos sanitarios o educativos. Padilla ha advertido que los centros autonómicos ya tienen una ocupación del 96,5% y ha cuestionado: "Si se imponen 500 menores más sin financiación, ¿a quién dejamos de atender?".

El Consejo Consultivo ha detectado "un grave quebranto" del principio de coordinación entre administraciones y "vulneración del principio de lealtad institucional". Asimismo, considera que el decreto-ley invade competencias exclusivas autonómicas reconocidas en el Estatuto de Autonomía y advierte de que el carácter de urgencia "no está justificado", pues la llegada de menores migrantes "no es un fenómeno nuevo".

Padilla ha insistido en que el recurso no responde a "falta de voluntad", sino a la imposibilidad de garantizar atención digna sin recursos: "No recurrimos para no atender, recurrimos para atender dignamente".