Castilla-La Mancha recurrirá al Constitucional el reparto del impuesto a la banca tras avalarlo el Consejo Consultivo

El Gobierno de Castilla-La Mancha celebrará mañana un Consejo de Gobierno extraordinario para aprobar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el reparto del impuesto a la banca pactado entre el Ejecutivo central y Junts. La decisión, anunciada este jueves por la consejera portavoz, Esther Padilla, se basa en un dictamen “muy contundente” del Consejo Consultivo regional, que considera el acuerdo “inconstitucional” por vulnerar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y el principio de solidaridad.

Padilla, en una entrevista en Onda Cero Castilla-La Mancha, explicó que el reparto actual beneficia a “comunidades más ricas”, en lugar de distribuirse según necesidades. “No se puede tomar una decisión que afecta a las autonomías sin consultarlas ni modificar la LOFCA”, subrayó, respaldada por los servicios jurídicos de la Junta.

Solidaridad con Canarias y críticas a Junts y PP-Vox

Sobre el pacto para redistribuir menores migrantes desde Canarias, la portavoz reiteró el compromiso de solidaridad de Castilla-La Mancha, aunque cuestionó la alianza del Gobierno con Junts: “Pactar con quien rechaza la solidaridad, como Junts, chirría”. Recordó que el presidente García-Page trasladó al Gobierno canario su disposición a colaborar, pero exigió “recursos suficientes” para una acogida digna, evitando “hacinamientos como el intentado en el aeropuerto de Ciudad Real”.

Padilla también criticó con dureza el acuerdo PP-Vox en Valencia —que “criminaliza a niños inmigrantes”— y el pacto central con Junts, que busca “expulsar migrantes y evitar que lleguen a Cataluña”. “Tan obsceno es uno como otro; hay que condenar ambos con la misma contundencia”, sentenció.

Claves del recurso contra el impuesto a la banca

El dictamen del Consejo Consultivo, que respalda la postura del Gobierno de Castilla-La Mancha, sostiene que el reparto del impuesto a la banca pactado por el Ejecutivo central y Junts adolece de dos fallos estructurales. En primer lugar, ignora el marco legal vigente, al no someterse a la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) ni consultar a las autonomías, un requisito indispensable para decisiones que afectan a su financiación. En segundo término, viola el principio de solidaridad interterritorial recogido en la Constitución, al privilegiar a comunidades con mayor capacidad económica en lugar de distribuir los fondos según las necesidades reales. Esta doble vulneración, según el Consejo Consultivo, convierte el acuerdo en un acto “inconstitucional” tanto en la forma como en el fondo, un argumento que la Junta utilizará como eje central de su recurso ante el Tribunal Constitucional.