Castilla-La Mancha ofertará 5.840 plazas de empleo público en 2024, con el apoyo de los sindicatos mayoritarios

El Gobierno de Castilla-La Mancha y las organizaciones sindicales mayoritarias de la Función Pública han aprobado, en la reunión de la Mesa General de Negociación del Personal empleado público, la propuesta de Oferta de Empleo Público (OEP) para 2024. Esta oferta, que incluye plazas para personal funcionario y laboral de la Administración General, personal docente no universitario y personal estatutario del SESCAM, asciende a un total de 5.840 plazas.

La propuesta ha salido adelante con los votos a favor de CSIF, CCOO, FSES y UGT, y ninguno en contra, tras un proceso de negociación colectiva. La OEP queda distribuida de la siguiente manera: 1.260 plazas en Administración General (596 para personal funcionario y 394 para personal laboral), 673 plazas en Educación y 3.907 en el SESCAM. Del total de plazas, 5.262 serán de turno libre, 425 de promoción interna y 153 de promoción interna directa en el puesto.

En la presente oferta se reserva un cupo no inferior al 7% de las plazas ofertadas para ser cubiertas por personas con discapacidad, siendo el 2% de dichas plazas para personas con discapacidad intelectual y el 5% restante para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

Una vez celebrada la Mesa General de Negociación, la Oferta de Empleo Público para 2024 se elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación por parte del Ejecutivo autonómico.

Esta nueva oferta se suma a las sucesivas ofertas de empleo público que cada año convoca el Gobierno autonómico, en el marco de un importante plan de impulso a los servicios públicos. Con ello, se persigue reducir la tasa de temporalidad, que ya en Castilla-La Mancha es una de las más bajas de España, además de blindar las plantillas, ofrecer posibilidades de encontrar empleo en la Administración, facilitar oportunidades de promoción interna, favorecer la incorporación de las personas con discapacidad a la función pública y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, así como la calidad de los servicios públicos que se prestan desde la Administración regional.