Castilla-La Mancha invierte 10,5 millones en servicios para discapacidad intelectual en Cuenca

La Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha ha destinado más de 10,5 millones de euros a reforzar servicios clave para personas con discapacidad intelectual en la provincia de Cuenca, centrados en el CADIG ‘El Crisol’ de la capital y el centro ocupacional de Las Pedroñeras. La consejera Bárbara García Torijano ha destacado durante una visita al primero este viernes que el objetivo es consolidar una red pública “cercana, personalizada y basada en derechos”.

El CADIG ‘El Crisol’, que cuenta con 43 plazas residenciales y 20 de centro de día, ha recibido más de 200.000 euros entre 2023 y 2025 para mejoras en accesibilidad, eficiencia energética y equipamiento. Estas actuaciones, que se completarán en el último semestre del año, se suman a un contrato de gestión de 8,57 millones adjudicado a EULEN Servicios Sociosanitarios para garantizar la continuidad de los apoyos durante tres años. “Las familias necesitan saber que sus hijos tendrán respaldo administrativo cuando ellos no estén”, ha subrayado García Torijano.

En Las Pedroñeras, el centro gestionado por la asociación ADINA ha obtenido un contrato de 1,8 millones de euros hasta 2028 y una subvención de 106.000 euros para habilitar una segunda vivienda con apoyo. “No son esfuerzos parciales: garantizamos los recursos necesarios, sea cual sea el grado de dependencia o el lugar de residencia”, ha remarcado la consejera, quien ha elogiado el trabajo de profesionales y entidades del Tercer Sector.

García Torijano ha recordado que el presupuesto autonómico para discapacidad ha pasado de 99 millones de euros en 2015 a 157 millones en 2025, lo que permite atender diariamente a más de 14.000 personas mediante 370 recursos especializados. Entre ellos, ha citado los 64 centros ocupacionales (con 2.482 plazas) y los 19 CADIG (922 plazas), todos integrados en un modelo de “Atención Centrada en la Persona”.

“Si hay que invertir en algo, es en el Estado de Bienestar. Nuestra Ley garantiza que nadie quede desamparado”, ha insistido la titular de Bienestar Social, acompañada por la delegada provincial Susana Zomeño y el director general de Discapacidad, Francisco José Armenta.