Más de 89.000 personas se han beneficiado de las deducciones fiscales recogidas en la Ley de medidas económicas, sociales y tributarias contra la despoblación y para el desarrollo del medio rural en la campaña de la Renta del 2023, sumando un total de 40 millones de euros. Esto supone 7.000 beneficiarios más que en el ejercicio anterior.
Los datos han sido avanzados por el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, tras presidir el Consejo Regional de la Despoblación celebrado en Ciudad Real. Martínez Guijarro ha destacado el incremento de declaraciones bonificadas por residencia en municipios en riesgo de despoblación, intensa despoblación y extrema despoblación, que alcanzaron 85.775 declaraciones, un 53 por ciento más respecto a la primera campaña.
En particular, subrayó las 1.608 desgravaciones por traslado de vivienda a estas zonas, lo que refleja un aumento del 234 por ciento desde la primera declaración de IRPF de 2021. “Estas personas se han ido a vivir a esos territorios”, ha señalado Martínez Guijarro, destacando la eficacia de estas medidas para frenar la pérdida demográfica.
Incremento del presupuesto frente a la despoblación en 2025
El vicepresidente primero ha informado del incremento del presupuesto para políticas activas contra la despoblación en un seis por ciento, alcanzando un total de 2.036 millones de euros para 2025. Esta cifra representa 5,6 millones de euros diarios destinados al desarrollo integral del medio rural y al acceso a servicios públicos en todo el territorio.
Según ha explicado, estos recursos suponen el 25 por ciento del techo de gasto de la Junta para el próximo año y representan el 3,7 por ciento del PIB regional. “El presupuesto demuestra el compromiso firme del Ejecutivo Autonómico con la lucha contra la despoblación, superando las reivindicaciones de los colectivos de la ‘España Vacía’”, ha afirmado.
Primera revisión de la Estrategia frente a la Despoblación en 2025
Durante el encuentro, Martínez Guijarro anunció que el próximo año se llevará a cabo la primera revisión de la Estrategia frente a la Despoblación (ERD), principal herramienta de la Ley. La estrategia tiene una vigencia de diez años con revisiones cada cuatro, e incluye 210 medidas en ámbitos clave como servicios públicos, economía, sociedad y territorio.
Asimismo, el vicepresidente ha destacado el trabajo conjunto con los Grupos de Desarrollo Rural para la creación de 26 Agendas de Desarrollo Urbano y Rural (ADUR), destinadas a identificar y resolver las barreras específicas que limitan el desarrollo de los municipios afectados.
En este contexto, el Ejecutivo autonómico está elaborando una nueva normativa urbanística para simplificar procedimientos, agilizar concesiones de licencias y facilitar el desarrollo empresarial y la vivienda en estas zonas. “Se trata de favorecer la implantación de empresas y generar oportunidades en nuestros pueblos”, ha concluido.
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