Castilla-La Mancha aprueba una ley para reforzar políticas sociales y garantizar seguridad jurídica en la Administración

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicó este lunes la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias, aprobada por las Cortes regionales el 10 de abril, que busca fortalecer las políticas sociales y dotar de mayor seguridad jurídica a las actuaciones de la Administración autonómica. Según explicó el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, la norma responde a dos objetivos clave: "Reforzar el Estado del Bienestar y garantizar transparencia en la gestión pública".

Refuerzo de políticas sociales

La ley introduce modificaciones en ámbitos estratégicos como educación, cultura y protección a la infancia. En educación, actualiza la Ley de Participación Social para fomentar la implicación de familias y comunidades en los centros escolares, mientras que la Ley de Atención a la Infancia y Adolescencia se ajusta para mejorar los mecanismos de protección ante situaciones de vulnerabilidad. En el ámbito cultural, la norma amplía su alcance al renombrar la Ley de Mecenazgo Cultural como Ley de Mecenazgo Cultural y Deportivo, facilitando así la captación de patrocinios privados para eventos deportivos de interés regional.

Mayor seguridad jurídica y eficiencia administrativa

El texto también aborda la modernización de procesos administrativos para evitar vacíos legales. Entre las reformas destacan la actualización de la Ley de Ordenación del Territorio y Actividad Urbanística, que agilizará trámites en proyectos de desarrollo sostenible, y ajustes a la Ley del Patrimonio Cultural para proteger mejor los bienes históricos. Además, se modifica la Ley del Juego para reforzar el control sobre este sector y garantizar su alineación con criterios de responsabilidad social.

En el plano interno, la Ley de Integridad Pública y la Ley del Servicio Jurídico de la Junta se adaptan para fortalecer la ética institucional y optimizar el asesoramiento legal a las consejerías, evitando litigios y asegurando coherencia en las decisiones.

Ruiz Molina recordó que esta es la décima iniciativa legislativa del Gobierno de Emiliano García-Page en la actual legislatura, subrayando su enfoque en "mejorar la vida de los ciudadanos y modernizar la Administración". La norma no solo consolida avances en servicios públicos esenciales, sino que también responde a demandas históricas del sector jurídico y empresarial, que reclamaban claridad en procedimientos urbanísticos y fiscales.

Con su publicación en el DOCM, la ley entra en vigor inmediatamente, marcando un hito en la agenda de reformas de Castilla-La Mancha para combinar progreso social con una gestión pública ágil y transparente.