El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha anunciado que la primera Ley de Economía Circular de Castilla-La Mancha que está redactando el Gobierno regional en colaboración con empresas, sindicatos y colectivos, incorporará por primera vez cánones y fianzas para el tratamiento de residuos, "de modo que cuando haya problemas ambientales sean las empresas las que paguen el coste de recuperación, y no los ciudadanos".
En declaraciones a los periodistas realizadas este lunes en el Museo Municipal de Puertollano momentos antes de la inauguración de la Jornada sobre Economía Circular organizada en el marco del programa europeo "Bioregio", Martínez ha avanzado también que la futura normativa priorizará en las contrataciones públicas a aquellas empresas que "hagan un esfuerzo" por la economía circular.
"En definitiva, se va a primar lo verde en Castilla-la Mancha", ha insistido el consejero, quien estima que esta nueva ley será trasladada al Consejo de Gobierno en marzo de 2018.
El proyecto "Bioregio"
El consejero ha acudido a las jornadas Bioregio acompañado de la alcaldesa Mayte Fernández, quien ha subrayado que este evento "ayuda a ver el futuro con una estrategia moderna, del siglo XXI, con el objetivo de no dejar nada sin usar y que los residuos se utilicen como materia prima en procesos generadores de empleo".
La regidora ha aludido a la importancia de hacer compatible el medio ambiente con la economía mediante el reciclaje, precisamente uno de los campos de actuación de la biorrefinería Clamber de escalado para la reutilización de biomasa, situada en Puertollano.
Bioregio es un proyecto de cooperación entre países e instituciones europeas que pretende difundir experiencias de economía circular y en el que participan ocho socios provenientes de España, Finlandia, Grecia, Eslovaquia y Rumanía. El consejero ha explicado que el concepto de economía circular alude a los procesos para dar mayor vida útil a la producción industrial mediante el reciclaje y la recuperación, y garantizar así un futuro sostenible a la actividad económica.
El representante de la Junta de Comunidades se ha referido a Clamber para apuntar que esta planta piloto de escalado de procesos de utilización de biomasa para comprobar su solvencia técnica y económica "atraerá a empresas de todo el mundo" tras una inversión del Gobierno regional de 1,3 millones de euros.
En este sentido ha aseverado que ya hay dos proyectos funcionando en el seno de la biorrefinería, uno para el tratamiento de residuos sólidos urbanos y otro para aprovechar el vinagre de la madera en procesos industriales.
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